La marcha de Morena en Chihuahua, centrada en el desafuero de la gobernadora, omitió las graves demandas de los pueblos originarios sobre desplazamiento masivo, tala ilegal y delitos ambientales, a pesar de su presencia y denuncias directas. Este evento reveló una desconexión entre la agenda política del partido y las urgencias territoriales de las comunidades.
La voz silenciada: pueblos originarios frente a la omisión estatal
Patricia Castillo, representante de su pueblo rarámuri y de las comunidades originarias de Chihuahua, expresó una denuncia contundente durante la marcha de Morena. Afirmó que «el gobierno de Chihuahua mira a la sierra a través de un monitor frío, desde una cámara en una oficina de la ciudad», mientras la realidad territorial evidencia una vigilancia que beneficia a «los de afuera del estado y de nuestros municipios». Para las comunidades, la pérdida del territorio a causa de la violencia y la omisión estatal equivale a la pérdida de su historia, generando «enfermedad de tristeza lejos de nuestros pinos, de nuestros arroyos, de nuestra raíz».
La denuncia de Castillo se realizó ante senadores, diputados locales y federales, y alcaldes de Morena, sin que ninguno de ellos abordara el desplazamiento forzado masivo que azota la sierra, particularmente el Triángulo Dorado. Tampoco se mencionó la tala ilegal ni otros delitos medioambientales, que han escalado como causas primordiales de la disputa por el control del territorio. La representante rarámuri acusó al gobierno de Maru Campos de ser «incapaz de frenar la destrucción del bosque talado», dejando desamparados a los defensores de la sierra.
La Plataforma Centinela: seguridad externa y control del territorio
Castillo hizo referencia a la Plataforma Centinela, estrategia clave de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPE). Esta torre, ubicada en Ciudad Juárez, opera en toda la entidad. Gilberto Loya, titular de la dependencia, reveló que el nivel 18 del edificio está destinado a analistas y personal técnico de agencias como la DEA, FBI, HSI y CBP. Este esquema de colaboración incluye autoridades federales como las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, Seguridad y Protección Ciudadana federal, y la Guardia Nacional.
El día de la marcha, la SSPE desplegó unas seis bases de la Plataforma Centinela alrededor del palacio de gobierno. Solo una patrulla acompañó a los manifestantes, sin presencia de agentes de Vialidad. Este despliegue subrayó la estrategia de seguridad priorizando infraestructuras y colaboración internacional, mientras las denuncias locales de desplazamiento y deforestación permanecían sin atención en la agenda del partido en oposición.
Medición de fuerzas políticas y acusaciones cruzadas
La movilización de Morena en Chihuahua se transformó en una plataforma para la medición de fuerza política. Patricia Mayorga, quien reportó desde Chihuahua, documentó las tensiones. Integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) se movilizaron para recriminar la presencia de Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien fue escoltado al aeropuerto y participó en la marcha sin intervenir al micrófono.
Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, declaró que la marcha era el inicio de una lucha contra la gobernadora de Chihuahua. El objetivo principal: recolectar firmas para solicitar su desafuero e iniciar un juicio político por permitir la intromisión de la CIA en la Fiscalía General del Estado. Montiel afirmó una asistencia de 20 mil personas a la marcha, mientras la oposición estimó 3 mil. Sin embargo, la aplicación MapChecking y herramientas de inteligencia artificial, analizando fotografías, indicaron una asistencia superior a 6 mil personas.
Bloqueos y señalamientos de narcogobiernos
La avenida Universidad, sitio clave de la marcha, fue cubierta con pendones que mostraban imágenes de Claudia Sheinbaum Pardo, Andrea Chávez Treviño (senadora), Adán Augusto López Hernández (senador) y Rubén Rocha Moya (exgobernador de Sinaloa). Estos pendones incluían acusaciones directas:
- «Ariadna, busca en casa. En tu partido están los criminales».
- «Mexicanos al grito de paz. Claudia Sheinbaum protege a narcogobernantes. Presidenta, rompa el pacto».
En respuesta, el gobierno estatal colocó una lona gigante frente al edificio Héroes de la Reforma, sede de la Secretaría de Hacienda, con el mensaje: «En Chihuahua la seguridad de tu familia es primero. Mientras otros se asocian con el crimen», usando logos institucionales.
Previo a la marcha, el gobierno estatal anunció la suspensión de la ruta troncal de la ciudad y la desviación de otras rutas alimentadoras desde las 13:30 hasta las 18:00 horas. Esto obligó a personas de colonias lejanas a caminar varias cuadras para llegar al evento. La noche anterior a la marcha, agricultores vinculados al PAN cerraron la carretera de Delicias a Chihuahua para impedir el paso de autobuses con participantes, exigiendo credenciales de elector para evitar el ingreso de personas de otras regiones del país que, según ellos, no tenían derecho a exigir la renuncia de Campos Galván.
Al día siguiente, los bloqueos persistieron en la misma zona. Un grupo de aproximadamente 200 simpatizantes de Morena marchó por Delicias, manifestando su determinación. Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento, participó en el bloqueo de la carretera de Delicias. La regidora panista de Jiménez, Alexa Jiménez, difundió un video advirtiendo: «En 2020 los agricultores ya les demostramos que nadie va a venir a imponernos nada».
Otros camiones con personas de los pueblos ódami y rarámuri, principalmente «sembradores» del programa de Bienestar federal, partieron de Guadalupe y Calvo y otros municipios serranos. La mañana de la marcha, la carretera de Ciudad Juárez a Chihuahua también fue obstaculizada, forzando a algunos camiones a tomar rutas de terracería. Los responsables de los bloqueos argumentaron que los agricultores no deseaban la marcha. Cuatro organizaciones agrícolas de esas regiones, entre ellas Productores Agrícolas Misión Indios del Conchos S. de R.L de I.P de C.V, la Unidad de Riego Rodado 30 Derivadoras A.C, El Barzón Nacional y Agrodinámica Nacional, se deslindaron de los bloqueos mediante comunicados de prensa.
El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, interpretó la marcha como una muestra de liderazgo en Chihuahua y denunció que los bloqueos fueron orquestados por el gobierno estatal a través de varias dependencias. Andrea Chávez, en sus redes, acusó al gobierno de Maru Campos Galván de ordenar el levantamiento de calles y el cierre de vialidades para obstaculizar la manifestación. El mismo día de la marcha, la JCAS ordenó la apertura de una zanja en la avenida Universidad, a una cuadra del palacio de gobierno y justo en la ruta de la marcha, bajo pretexto de reparar una tubería. Los morenistas señalaron esto como un nuevo intento del gobierno estatal de dificultar la manifestación.
Israel Beltrán Silva, locutor cuauhtemense, denunció una agresión durante un bloqueo al ingresar a Chihuahua el sábado por la tarde. Relató que un aparente choque provocó una fila kilométrica de vehículos. Al descender para ofrecer ayuda, fue golpeado con un tubo, sufriendo una herida profunda en un glúteo, y pateado en el suelo. Beltrán Silva acusó a policías cercanos de no detener al agresor y de grabarlo a él. Acudió a un hospital y denunció el hecho ante un agente ministerial, pero la Fiscalía General del Estado no ha actuado.
Retraso y mitin político: la agenda partidista sobre las urgencias
La marcha, prevista para las 16:00 horas, sufrió un retraso de 50 minutos debido a la espera de los dirigentes nacionales, Ariadna Montiel y Andy López Beltrán. Este retraso generó fastidio entre los participantes, expuestos a temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. Los pueblos originarios, quienes debían presidir el contingente, también se vieron afectados. Finalmente, la movilización arrancó con consignas como «Fuera Maru», «Chihuahua es Revolución, no a la intromisión», «No sólo es CIAgate, ¿recuerdas por qué César Duarte está preso?», «La soberanía no se negocia, se defiende», «¡Viva Pancho Villa!, fuera Maru, narcogobernadora» y «Juicio político a la gober traidora». Al llegar a la zanja de la JCAS, los manifestantes la rodearon y corearon «Lero lero, saltamos tu bloqueo».
En el templete frente al palacio de gobierno, jóvenes morenistas, Patricia Castillo y Ariadna Montiel intervinieron para exigir el desafuero de la gobernadora y manifestar su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo. Montiel Reyes inició su discurso enfatizando que estaban «convocados a una manifestación pacífica para defender nuestra soberanía nacional, exigir justicia, seguridad y paz para nuestra tierra», citando a Miguel Hidalgo y Francisco Villa.
La exsecretaria de Bienestar del gobierno federal aseveró la continuidad en el combate a la corrupción. Destacó que Chihuahua y Guanajuato, ambos gobernados por el PAN, encabezan las cifras de homicidio doloso, según el último informe del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Montiel acusó a la gobernadora de negarse a brindar seguridad y paz al estado, y de convocar a agentes extranjeros «por fuera de la ley» para intervenir en el estado y en la nación. Esta «traición», afirmó, es una decisión histórica del «PRIAN».
Montiel cuestionó el gasto de más de 4 mil millones de pesos en la Torre Centinela, calificándola de «un monumento a la corrupción» y un «espacio de traición para la patria». También criticó a Gilberto Loya por estar «en campaña» en lugar de dedicarse a la seguridad.
Posteriormente, abordó el tema de los pueblos originarios: «No hay pueblo originario más pacífico que nuestros hermanos rarámuri, ahí está nuestra raíz y nuestra identidad». Subrayó que Acción Nacional decidió que la seguridad no se resolviera en mesas de coordinación con los distintos niveles de gobierno, sino con agentes extranjeros que «ni siquiera conocen nuestras calles ni sienten el dolor de nuestra gente». La gobernadora, añadió, solo ha asistido a once reuniones de seguridad.
Montiel también mencionó el desmantelamiento de más de 2,500 narcolaboratorios por el gobierno federal en todo el país «sin entregar la soberanía nacional». Responsabilizó a la gobernadora de usar a los policías para «esconder sus negocios» y «tirarlos a la basura cuando algo sale mal», haciendo referencia al fallecimiento del titular de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, en un accidente. La presidenta de Morena aseguró, a través de la Fiscalía General de la República (FGR), que el operativo del 17 de abril en Morelos para desmantelar un narcolaboratorio carecía de carpeta de investigación.
Montiel Reyes concluyó sus acusaciones contra Campos Galván:
- Violación a la soberanía y al pacto federal.
- Usurpación de atribuciones y ataque a la República.
- Infracción grave a la Ley de Seguridad Nacional.
- Violación del principio de supremacía nacional, al permitir que la federación mantenga la relación de los gobiernos extranjeros por encima de los estatales.
- Omisión grave y utilización de la FGE para destruir pruebas del supuesto operativo.
«Si la gobernadora no quiere o no puede respetar la Constitución, que se ejerza la ley. Vamos a promover el juicio político porque la Constitución así nos lo indica, el pueblo de México no acepta intromisiones del extranjero y ellos hicieron eso», sostuvo Montiel. Criticó que, mientras las comunidades de la Sierra Tarahumara sufren, la gobernadora asistía a eventos con Isabel Díaz Ayuso y «personajes de ultraderecha» que, según Montiel, «viven a insultar nuestros orígenes» y «reivindican a Hernán Cortés que masacró a nuestros indígenas». La dirigente de Morena propuso recorrer el estado para recabar firmas en apoyo al juicio político.
Desplazamiento y discriminación: la lucha rarámuri
La diputada rarámuri Edith Palma Ontiveros, en entrevista, afirmó que los participantes eran «voluntarios» que se unieron a la lucha «en defensa de nuestro estado» debido a las irregularidades del accidente del 19 de abril en Batopilas. Denunció la falta de atención, los «desplazamientos continuos» y la «discriminación hacia nuestros hermanos de pueblos originarios». Estimó que alrededor de 3 mil personas del sur de la sierra asistieron a la marcha.
Patricia Castillo finalizó su intervención con una declaración potente: «Hoy protestamos contra la estrategia que nos ha dado el estado. Ha permitido que las armas ataquen a las asambleas comunitarias, nos han arrebatado la esperanza. Ya basta de una seguridad que solo cuida los intereses de unos pocos». Afirmó que «no callar significa devolver al pueblo la paz, para que la lluvia vuelva a caer sobre nuestras tierras, para que los niños jueguen en las veredas y sean felices, que jueguen sin miedo y para que nuestras comunidades puedan por fin soñar con un mañana mejoramiento. Justicia para la Sierra Tarahumara».
