El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y exfuncionarios por narcotráfico y posesión de armas. Estas acciones se intensifican con detenciones clave y entregas voluntarias que perfilan una compleja trama judicial.
Una detención en Europa destapa el cerco federal
Fuentes de seguridad de Estados Unidos confirmaron la detención de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas durante la administración de Rubén Rocha Moya como gobernador con licencia de Sinaloa. La aprehensión ocurrió en un consulado estadounidense ubicado en Europa, específicamente en Italia o Irlanda. Díaz aceptó de inmediato entregarse a las autoridades de ese país para enfrentar los cargos en su contra, siendo posteriormente trasladado a Nueva York. El exfuncionario ofreció colaborar como testigo protegido, una propuesta que, según reportes de La Silla Rota, fue rechazada por las autoridades.
El camino de Gerardo Mérida: de la secretaría a la custodia federal
En un desarrollo paralelo, Gerardo Mérida Sánchez, quien fungió como exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó a las autoridades estadounidenses. Este acontecimiento ocurrió en la garita de Nogales, Arizona. Tras su entrega, Mérida Sánchez quedó bajo la custodia del Servicio de Marshalls y, de acuerdo con información proporcionada por el Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano, fue trasladado a Brooklyn, Nueva York.
La acusación de la Fiscalía de Nueva York: una red de diez implicados
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formalizado graves acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. A ellos se suman otros cargos y exfuncionarios del estado, señalados por delitos de narcotráfico y posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó una acusación formal contra un total de diez personas. El proceso detalla que estos individuos presuntamente «conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos».
Funcionarios y exfuncionarios: una lista de señalados por la fiscalía
Entre los acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, además del gobernador Rocha Moya y el alcalde Gámez Mendívil, figuran otras figuras clave. La lista incluye al exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, cuya entrega ya ha sido confirmada. También se encuentra Juan Valenzuela Millán, excomandante de la policía municipal de Culiacán.
La acusación extiende su alcance a otros funcionarios estatales y mandos de seguridad. La relación nominal de implicados contempla a Enrique Inzunza Cázarez, el ya mencionado Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito. La amplitud de los cargos subraya una presunta estructura de colaboración entre el crimen organizado y el aparato gubernamental.
El perfil de Enrique Díaz Vega: de la empresa a la administración
Enrique Díaz Vega es una figura con una trayectoria dual, combinando el sector empresarial con el ámbito político en Sinaloa. Antes de asumir responsabilidades públicas, desarrolló una sólida carrera en el sector privado de Culiacán, donde sus actividades se concentraron principalmente en las ramas inmobiliaria y de la construcción.
El 1 de noviembre de 2021, Díaz Vega accedió a la titularidad de la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa, integrándose así a la administración del gobernador Rubén Rocha Moya. Su paso por la función pública concluyó en febrero de 2024, cuando presentó su renuncia al cargo para reincorporarse a sus actividades empresariales.
Un trasfondo financiero: el bloqueo de cuentas como advertencia
La magnitud de las acusaciones ha resonado también en el ámbito financiero. Previamente, se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría procedido al bloqueo de cuentas bancarias. Estos bloqueos afectaron directamente al gobernador Rubén Rocha Moya, a sus hijos y a diversos funcionarios cercanos. Este movimiento, reportado por el medio Emeequis, sugiere una línea de investigación que complementa las acciones judiciales impulsadas por las autoridades estadounidenses.
