Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La XVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría un paquete de reformas en materia de vivienda y ordenamiento territorial impulsadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, con el objetivo de fortalecer el acceso a una vivienda digna, mejorar la planeación urbana y establecer mayores controles sobre el crecimiento de los asentamientos humanos en Quintana Roo.
Durante la discusión del dictamen en tribuna, la diputada María José Osorio Rosas defendió las modificaciones legales y afirmó que estas reformas buscan garantizar que el desarrollo urbano del estado se traduzca en mayor igualdad social, acceso efectivo a servicios básicos y mejores condiciones de vida para miles de familias quintanarroenses.
La legisladora explicó que las nuevas disposiciones pretenden facilitar la creación de vivienda adecuada y accesible para sectores de bajos ingresos, además de establecer mecanismos más estrictos para acreditar la propiedad de la tierra, con el propósito de evitar invasiones, fraudes inmobiliarios y conflictos relacionados con asentamientos irregulares que durante años han afectado diversas zonas del estado.
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De acuerdo con la diputada, el nuevo marco normativo permitirá una mejor coordinación entre autoridades estatales y municipales para supervisar el desarrollo urbano y promover proyectos de vivienda social que respondan a las necesidades reales de la población.
Sin embargo, la aprobación de las reformas generó posicionamientos en contra por parte de la oposición. El diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, votó en contra del dictamen y advirtió que las modificaciones representan un retroceso en materia de bienestar y desarrollo urbano.
El legislador sostuvo que las reformas sacrifican estándares mínimos de bienestar y confort en la vivienda social de los quintanarroenses, al permitir espacios habitacionales demasiado reducidos que, según dijo, fomentan un modelo de segregación urbana que atenta contra el desarrollo sostenible.
José Luis Pech también acusó que la gobernadora Mara Lezama insiste en retomar propuestas que ya fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Explicó que el nuevo “dictamen de viabilidad en materia de acciones urbanísticas” contemplado en la ley es muy similar a la antigua constancia de congruencia urbanística estatal, invalidada previamente por la SCJN dentro de la controversia constitucional 471/2023.
El diputado argumentó que dicho mecanismo invade facultades exclusivas de los municipios, debido a que convierte en obligatorio un dictamen estatal previo para iniciar obras que ya fueron autorizadas por los ayuntamientos.
Afirmó que esta disposición vulnera la autonomía municipal establecida en el artículo 115 de la Constitución Federal, al subordinar las decisiones de los municipios a la autoridad estatal en temas de desarrollo urbano y acciones urbanísticas dentro de su territorio.
Pese a los cuestionamientos de la oposición, la mayoría legislativa respaldó la propuesta enviada por Mara Lezama, argumentando que las reformas son necesarias para enfrentar el crecimiento desordenado de las ciudades, garantizar mayor certeza jurídica en materia de vivienda y fortalecer la planeación territorial en Quintana Roo.
