La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su desacuerdo con las declaraciones de Rubén Rocha Moya en 2021 sobre pactar con el crimen organizado, desvinculando opiniones de hechos concretos que requieren investigación de la FGR, sin que su administración haya iniciado pesquisas específicas.
Desacuerdo presidencial: la línea entre la opinión y la prueba
La presidenta Claudia Sheinbaum ha refrendado su postura en desacuerdo con los planteamientos que Rubén Rocha Moya, entonces candidato a la gubernatura de Sinaloa en 2021, realizó al considerar la posibilidad de un «pacto» con grupos del crimen organizado en el estado. Estas declaraciones de Sheinbaum emergieron en un contexto donde Estados Unidos ha señalado al gobernador con licencia por presunta colaboración con el narcotráfico. La mandataria fue enfática al afirmar que «no estoy de acuerdo con esa posición que dio en su momento el candidato a gobernador».
Sheinbaum delineó una distinción crucial entre una opinión y un hecho que amerite investigación. Ante la interrogante sobre si las declaraciones de Rocha Moya constituían una prueba de acuerdos, la presidenta sentenció: «Pues no, es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto». Esta diferenciación subraya que una entrevista donde se emite una opinión no es equiparable a los hechos posteriores que, en caso de denuncia, deberían ser investigados por la Fiscalía. La administración presidencial no ha iniciado una investigación específica en contra de Rubén Rocha Moya, delegando la responsabilidad de cualquier pesquisa a la Fiscalía General de la República (FGR).
El rol autónomo de la FGR frente a las acusaciones
En relación con el caso del asesinato de Melesio Cuén, ocurrido en el contexto de una reunión a la que también acudiría Rocha con Ismael «El Mayo» Zambada y que derivó en una emboscada, Sheinbaum rememoró la investigación de la FGR. Según la carta que se dio a conocer, dicha investigación concluyó que la fiscalía estatal había orquestado un montaje. A pesar de que «el gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo», la Fiscalía General nunca lo citó a declarar. La presidenta subrayó que no existe «ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa de la Fiscalía General de la República».
La autonomía de la FGR es un punto central en la justificación de Sheinbaum sobre la falta de implicación presidencial en estas investigaciones. «Ese es un asunto de la fiscalía, no de la presidenta, porque en el caso federal sí es autónoma la fiscalía», explicó. Aunque existe coordinación con la fiscalía, especialmente en gabinetes de seguridad para las acciones que velan por la seguridad del país, existen temas que son competencia exclusiva de la FGR y que no se comparten con la presidencia. A casi dos años de iniciada la investigación sobre Cuén, la FGR no ha informado a la presidenta sobre los avances, ni si se ha abierto una pesquisa adicional que señale al gobernador con licencia.
Historia de vínculos: reflexiones sobre el pasado y el presente
Sheinbaum también trajo a colación la existencia de vínculos históricos entre figuras políticas y grupos delictivos, recordando que «si hablamos de quiénes son los que tenían relación con grupos delictivos, pues hay una historia muy larga». Mencionó haber visto recientemente una nota de la revista Proceso de la época de Raúl Salinas de Gortari. En este artículo, se relataba cómo Proceso reportaba reuniones entre personajes de la política de entonces y capos del narcotráfico. Sin embargo, la presidenta señaló que estos hechos no fueron juzgados en su momento, y en la actualidad, tampoco se enjuicia a expresidentes ni a sus familias por situaciones similares. Esta referencia histórica contextualiza la complejidad y la persistencia de las relaciones entre el poder y el crimen organizado, mientras refuerza la necesidad de pruebas y la acción de las instancias autónomas para abordar las acusaciones actuales.
