Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- La protección de la dignidad de las personas en situación vulnerable y el uso ético de los programas de apoyo social motivaron una nueva propuesta legislativa en el Congreso del Estado, donde diputados presentaron una iniciativa para reformar la Ley Electoral de Quintana Roo y sancionar a servidores públicos o actores políticos que utilicen la imagen de ciudadanos de escasos recursos para promocionar sus aspiraciones políticas.
La diputada local María José Osorio Rosas, una de las promoventes de la iniciativa, explicó que la propuesta busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten la difusión de fotografías y videos de personas vulnerables durante la entrega de apoyos sociales, situación que, afirmó, ha derivado en prácticas de promoción personal disfrazadas de ayuda ciudadana.
Durante la presentación de la iniciativa en el Congreso local, la legisladora señaló que la propuesta contempla adicionar el artículo 400 Bis a la Ley Electoral del estado, con el objetivo de prohibir expresamente que funcionarios públicos, representantes populares, aspirantes a cargos de elección o cualquier actor político difundan imágenes, videos o material audiovisual donde aparezcan ciudadanos recibiendo apoyos económicos, medicamentos, despensas, sillas de ruedas, tratamientos médicos u otro tipo de asistencia.
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La diputada indicó que esta propuesta surge luego de diversas inconformidades expresadas por ciudadanos que, al solicitar ayuda, terminaron siendo exhibidas públicamente en redes sociales o publicaciones oficiales sin dimensionar el alcance de esa exposición.
Explicó que muchas personas que atraviesan situaciones económicas complicadas o problemas de salud acceden a tomarse fotografías por necesidad, sin considerar que posteriormente esas imágenes pueden ser utilizadas para posicionar políticamente a determinados personajes.
“Lo que buscamos es proteger la dignidad de las personas. Nadie debería sentirse obligado a exhibir su condición vulnerable para recibir apoyo. La ayuda social no puede convertirse en propaganda política ni en herramienta de promoción personal”.
La legisladora enfatizó que la reforma no pretende obstaculizar las labores de asistencia social ni limitar la transparencia en el manejo de recursos públicos, sino establecer límites claros sobre el uso político de la imagen de los beneficiarios.
De acuerdo con el planteamiento, las instituciones podrán conservar evidencia documental y fotográfica únicamente para fines administrativos, de comprobación o transparencia interna; sin embargo, quedaría estrictamente prohibida su difusión en redes sociales, páginas oficiales, campañas digitales, espectaculares, videos promocionales o cualquier otro medio utilizado con fines de posicionamiento político o electoral.
Uno de los aspectos relevantes de la iniciativa es que la prohibición tendría carácter permanente y no se restringiría únicamente a los tiempos electorales o de campaña, ya que, según expusieron los promoventes, actualmente muchos actores políticos utilizan esquemas de promoción anticipada mediante actividades de asistencia social fuera de los procesos electorales formales.
La propuesta también contempla la aplicación de sanciones para quienes incumplan la normativa, las cuales podrían incluir multas, procedimientos administrativos e incluso posibles responsabilidades electorales, dependiendo de la gravedad de la conducta y de la reincidencia.
Diputados que respaldan la iniciativa coincidieron en que en los últimos años se ha vuelto común observar publicaciones en redes sociales donde políticos aparecen entregando apoyos a personas enfermas, adultos mayores o familias de bajos recursos, utilizando esas imágenes como parte de estrategias de construcción de imagen pública.
Consideraron que este tipo de prácticas vulnera derechos fundamentales como la privacidad, la dignidad humana y la protección de datos personales, especialmente cuando involucran a menores de edad.
