Sinaloa se sitúa entre los cinco estados con más fosas clandestinas, contradiciendo reportes federales de menor violencia. Causa Común documentó 157 hallazgos y al menos 250 víctimas exhumadas entre enero y abril de 2026, revelando una cruda realidad de inseguridad persistente.
Un velo sobre la realidad: el choque entre cifras oficiales y hallazgos
Mientras las autoridades federales anuncian una reducción en los homicidios dolosos, la organización civil Causa Común presenta un panorama contrastante para Sinaloa. Este estado, históricamente complejo en materia de seguridad, figura como una de las cinco entidades con la mayor concentración de fosas clandestinas en el país. Esta dicotomía subraya la profundidad de los eventos violentos que han afectado a Sinaloa, especialmente desde septiembre de 2024, periodo marcado por la disputa entre grupos criminales como los «Chapitos» y los «Mayos».
La disparidad entre los informes oficiales y los hallazgos de la sociedad civil resalta la complejidad inherente a la medición de la violencia. La disminución en homicidios dolosos, una métrica clave para el gobierno, no logra abarcar la dimensión total de la crisis de seguridad cuando se confronta con el incremento de cuerpos exhumados de sepulturas no identificadas. Esta situación invita a una revisión profunda sobre cómo se interpretan y comunican los indicadores de violencia en contextos altamente volátiles.
El mapa del horror: 157 fosas nacionales que ocultan 250 vidas
El informe de Causa Común detalla que, entre enero y abril de 2026, se registraron 157 fosas clandestinas a nivel nacional. Estos hallazgos resultaron en la exhumación de los cuerpos de al menos 250 víctimas. La mayoría de estas sepulturas se concentran en un grupo de estados clave: Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, el Estado de México y Guanajuato. La magnitud de estas cifras nacionales evidencia una problemática extendida, que desafía la percepción de una mejora generalizada en el ámbito de la seguridad.
El informe se basa en un monitoreo exhaustivo de notas de medios de comunicación. Esta metodología es crucial, ya que, según la organización, actualmente no existe un registro oficial que documente de forma completa las fosas clandestinas encontradas durante el periodo analizado. Esta ausencia de un censo gubernamental robusto deja un vacío informativo significativo, haciendo que la labor de organizaciones como Causa Común sea fundamental para visibilizar la escala real del problema.
La incidencia se concentra en entidades clave
La distribución geográfica de estos hallazgos no es aleatoria; apunta a regiones específicas que enfrentan desafíos críticos de seguridad. La concentración de fosas en el noroeste de México, junto con zonas del centro, sugiere la presencia de redes criminales activas y la persistencia de prácticas de inhumación ilegal como un reflejo de la violencia subyacente. La documentación de 112 notas de medios, que sustentan los datos del informe, refuerza la hipótesis de que la realidad supera las cifras oficiales disponibles.
Sinaloa al desnudo: la búsqueda que desentierra el terror local
En el contexto específico de Sinaloa, los registros de medios locales indican la ubicación de más de 20 fosas clandestinas solo entre enero y abril de 2026. Este número resalta la gravedad de la situación estatal, confirmando la posición de la entidad como un punto crítico en el hallazgo de sepulturas ilegales. La visibilidad de estos descubrimientos ha sido particularmente notoria en ciertas localidades, revelando patrones geográficos de la violencia y la búsqueda.
Un ejemplo elocuente de estos hallazgos se dio en El Verde, Concordia. En esta localidad, se rescataron los cuerpos de nueve de los diez trabajadores de una minera canadiense que habían sido secuestrados en enero último. Este incidente específico subraya la brutalidad de los crímenes y la desesperación de las víctimas y sus familias.
Amplios hallazgos en el área rural
Además de Concordia, las áreas rurales de Culiacán y Mazatlán también han sido escenario de numerosos descubrimientos de fosas. Colectivos de búsqueda, dedicados incansablemente a la localización de personas desaparecidas, alertan sobre denuncias de más fosas clandestinas en municipios como San Ignacio y Elota. Este trabajo de base es indispensable para confrontar la realidad de la violencia, a menudo minimizada en los discursos oficiales.
La actividad de búsqueda, impulsada por la sociedad civil, no solo desentierra cuerpos, sino que también saca a la luz la complejidad de un problema arraigado. Las denuncias y los hallazgos en estas zonas rurales evidencian que la violencia se extiende más allá de los centros urbanos, penetrando en el tejido social de comunidades menos visibles.
La escalada silenciosa: aumento del 123% y la sombra de las desapariciones
La situación en Sinaloa no es un fenómeno reciente, sino una escalada progresiva. Entre 2023 y 2024, la cantidad de fosas localizadas en el estado se disparó en un 123 por ciento. Este incremento posiciona a Sinaloa como la tercera entidad con el mayor aumento porcentual en ese lapso a nivel nacional. Esta aceleración en los hallazgos sugiere un deterioro significativo en la seguridad, o una mayor efectividad en la documentación por parte de la sociedad civil.
La problemática de las fosas clandestinas se entrelaza directamente con la crisis de las desapariciones. Desde 2018 hasta la fecha, Causa Común ha documentado que Sinaloa ocupa la sexta posición entre las entidades con la tasa más alta de desapariciones por cada 100 mil habitantes, alcanzando una cifra de 77. Esta estadística pone de manifiesto una grave vulneración de los derechos humanos y un reto estructural para las autoridades locales y federales. La persistencia de altas tasas de desaparición, combinada con el descubrimiento continuo de fosas, perfila una realidad alarmante donde la búsqueda de verdad y justicia sigue siendo un clamor urgente.
