Investigadores formalizaron una denuncia ante la FGR contra Cultura e INAH. Acusan a las entidades de violentar la Ley Federal de Zonas Arqueológicas por usar la pirámide de Kukulkán como escenografía comercial para FIFA y Coca-Cola, generando un conflicto sobre el patrimonio cultural.
El permiso controvertido: uso de Kukulkán para promoción global
La controversia se originó con la utilización de la icónica pirámide de Kukulkán, situada en la zona arqueológica de Chichén Itzá, como telón de fondo para actividades promocionales. Específicamente, se trató de una sesión fotográfica para la Copa Mundial de Fútbol, parte del tour mundialista en México, donde las marcas FIFA y Coca-Cola fueron el centro de la atención. Este evento, que tuvo lugar el 20 de marzo de 2026, fue inicialmente advertido por investigadores, quienes señalaron una posible demanda por el uso de espacios patrimoniales con fines de promoción comercial.
Cronología del evento: fotografías que dispararon el conflicto
En respuesta a las primeras advertencias, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado el 6 de mayo de 2026 a través de sus redes sociales. En este, la institución aseguró que no se había violado ninguna normativa vigente. El INAH justificó la actividad afirmando que poseía el debido permiso otorgado en el ejercicio de sus atribuciones, y que la ejecución se llevó a cabo bajo estrictos criterios de protección del sitio arqueológico. Sin embargo, esta declaración no disipó las preocupaciones de los investigadores.
Violaciones legales: el blindaje normativo de Chichén Itzá
La reacción de los investigadores no se hizo esperar, confirmando una «denuncia de hechos» fechada el 11 de mayo de 2026. Este documento fue dirigido a Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República. La denuncia articula una posible transgresión del orden federal y del Estado de Derecho, señalando diversas normativas que habrían sido violentadas por la autorización de dicho evento comercial en un sitio patrimonial.
El marco jurídico vulnerado: leyes federales en entredicho
El cuerpo de la denuncia subraya la potencial violación de un conjunto de instrumentos legales fundamentales, incluyendo:
- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- La Ley General de Bienes Nacionales.
- La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (LFMZAAH).
- El Reglamento a la LFMZAAH.
- El Decreto presidencial de la Declaratoria de la Zona Arqueológica de Chichén-Itzá.
Estos marcos jurídicos constituyen el blindaje legal que protege el patrimonio cultural y arqueológico del país, cuya supuesta transgresión es el eje central de la acción legal emprendida.
Argumentos de la demanda: patrimonio frente a lucro transnacional
Los investigadores identifican directamente a los titulares de la Secretaría de Cultura federal y del INAH, incluyendo al director del Centro INAH Yucatán y a la encargada de trámites y servicios legales del mismo centro. Se les acusa de haber otorgado el permiso para la celebración del acto comercial publicitario, denominado «tour del trofeo de la FIFA 2026», a las empresas transnacionales Coca-Cola y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Daño cultural y económico: la visión de los investigadores
La denuncia específica describe cómo, en dicho acto, se utilizó «El Castillo o Pirámide de Kukulcán» como escenografía para promocionar a estas empresas transnacionales. Los denunciantes argumentan que esta acción:
- Afectó, afecta y afectará los valores histórico-culturales no solo del monumento en referencia, sino de toda la zona arqueológica de Chichén Itzá.
- Distorsionó, distorsiona y distorsionará la percepción y el significado intrínseco de este patrimonio.
Consideran el acto «punible por ser ilegal e ilegítimo», ya que, según los investigadores, no existe ninguna norma en la legislación referida que faculte a los funcionarios señalados a expedir licencias o permisos para eventos de esta naturaleza. La base de esta objeción radica en la convicción de que las empresas obtendrán «lucros incuantificables en monto, espacios y tiempos», beneficios que, bajo un Estado de Derecho, no deberían haber sido posibles. Tras la formalización de la denuncia, los investigadores han manifestado su intención de dar seguimiento puntual, reiterando su postura de que el patrimonio nacional no debe ser utilizado al servicio de intereses transnacionales.
