Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Congreso del Estado analiza elevar a rango constitucional diversos programas sociales impulsados por el gobierno estatal, con el objetivo de garantizar su permanencia, blindar su presupuesto y evitar que desaparezcan en futuras administraciones, informó el diputado local y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Renán Sánchez Tajonar.
Actualmente, las diputadas y diputados de la XVIII Legislatura revisan la posibilidad de incorporar a la Constitución de Quintana Roo programas como “Comemos Todas y Todos” y “Mujer Poder”, considerados estratégicos dentro de la política social implementada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.
El legislador explicó que la intención es otorgar certeza jurídica a estos apoyos sociales para que no dependan de decisiones políticas sexenales y puedan mantenerse como derechos garantizados para la población más vulnerable.
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Detalló que actualmente estos programas benefician de manera directa a más de 120 mil personas en Quintana Roo, principalmente mujeres, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad económica, por lo que consideró fundamental fortalecer el marco legal que permita asegurar recursos suficientes año con año.
Renán Sánchez Tajonar subrayó que el análisis legislativo también contempla establecer mecanismos que protejan el presupuesto destinado a los programas sociales, evitando reducciones que puedan afectar a los beneficiarios y permitiendo incluso incrementos graduales conforme a las necesidades de la población.
El líder de la Jugocopo destacó que, de acuerdo con cifras oficiales, las políticas sociales impulsadas en la actual administración estatal han contribuido a disminuir la brecha de desigualdad y pobreza en Quintana Roo.
Añadió que más de 177 mil quintanarroenses lograron salir de condiciones de pobreza gracias a programas de apoyo alimentario, asistencia económica y estrategias de bienestar social implementadas en los últimos años.
El diputado señaló que elevar estos programas a rango constitucional representaría un paso importante para consolidar derechos sociales permanentes y evitar retrocesos en materia de combate a la pobreza.
Asimismo, indicó que la propuesta será discutida al interior de las comisiones legislativas correspondientes, donde se analizarán los alcances jurídicos y presupuestales de una eventual reforma constitucional.
