La propiedad del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en Culiacán fue baleada. El domicilio deshabitado, registrado en su declaración patrimonial, sufrió impactos de bala la mañana del lunes. Autoridades iniciaron la investigación del suceso.
El asalto matutino que irrumpió la tranquilidad en Culiacán
La mañana del lunes, poco después de las 10:00 horas, un inmueble perteneciente al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya fue objetivo de un ataque con disparos de arma de fuego en Culiacán, Sinaloa. El incidente, reportado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), movilizó a diversas corporaciones, incluyendo personal del Ejército y de la Fiscalía General del Estado, hacia la zona afectada para iniciar las diligencias correspondientes.
La vivienda, ubicada estratégicamente en la esquina de las calles Lago de Cuitzeo y Cerrada del Cuitzeo, en la colonia Las Quintas, ha permanecido deshabitada durante la última década, según información proporcionada por la SSPE. Las primeras evaluaciones en el lugar revelaron impactos de bala tanto en la estructura de la vivienda como en la herrería que la resguarda. Estas evidencias visuales fueron documentadas por Aarón Ibarra, el periodista que cubrió el evento para el medio apro.
Un domicilio conocido bajo un nuevo foco de atención
El inmueble que sufrió el ataque se distingue por figurar explícitamente en la declaración patrimonial de Rubén Rocha Moya. Esta inclusión en documentos públicos subraya la vinculación directa entre el bien y la figura del gobernador. El hecho de que una propiedad ligada a un funcionario de alto nivel sea blanco de un acto violento añade una capa de complejidad al panorama de seguridad y político en la región de Sinaloa. La ubicación específica, en un área residencial de Culiacán, intensifica la percepción de vulnerabilidad, incluso en un domicilio sin ocupantes permanentes.
El gobernador y la licencia que precede a la controversia
Rubén Rocha Moya solicitó licencia de su cargo como gobernador la noche del 1 de mayo. La justificación oficial para esta decisión fue evitar cualquier tipo de interferencia en las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas. Estas investigaciones están directamente relacionadas con acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que señalan supuestos nexos del mandatario con el narcotráfico y con la facción conocida como Los Chapitos. Este trasfondo judicial y político configura el contexto en el que se produce el ataque al domicilio, intensificando la relevancia de cada nuevo suceso vinculado a su persona o sus propiedades.
