El dirigente nacional del PRI solicitó formalmente al INE la cancelación del registro de Morena y pidió al gobierno estadounidense clasificar al partido oficialista como organización terrorista, argumentando vínculos directos con el narcotráfico y la estructura del crimen organizado en México.
Solicitud formal de disolución ante el órgano electoral
Desde las instalaciones del Senado de la República, Alejandro Moreno Cárdenas confirmó la presentación de un recurso ante el Instituto Nacional Electoral (INE). El objetivo primordial de esta acción legal es que la institución retire el registro oficial a Morena, bajo la premisa de que no opera como una entidad política legítima, sino como una extensión de los cárteles que han vulnerado la seguridad de las familias mexicanas.
El argumento central sostiene que la actual administración y su partido han entregado la paz del país a grupos delictivos. Esta postura se fundamenta en la narrativa de que el brazo político de las organizaciones criminales en el territorio nacional es, precisamente, la formación en el poder.
Activación de mecanismos legales internacionales y Ley Patriota
La estrategia del PRI trasciende las fronteras nacionales al invocar la legislación de Estados Unidos. Según el planteamiento de Moreno, el Departamento de Estado, con el respaldo de los departamentos de Justicia y del Tesoro, posee las facultades necesarias para emitir una declaratoria de terrorismo contra personas u organizaciones específicas.
- Alcance de la Ley Patriota: Bajo este marco normativo, cualquier individuo o entidad que mantenga tratos con organizaciones catalogadas como terroristas queda sujeto a sanciones severas por parte del gobierno estadounidense.
- Gira de denuncia: Se proyecta el inicio de una movilización internacional contundente para exponer la situación ante organismos externos y gobiernos extranjeros.
- Implicaciones jurídicas: La declaratoria busca aislar financieramente y operativamente a los señalados, limitando su margen de maniobra fuera de México.
Señalamientos directos contra funcionarios de Sinaloa
La exigencia de justicia se enfoca con especial rigor en figuras clave de la política sinaloense. El dirigente tricolor subrayó que el gobernador Rubén Rocha Moya debe ser extraditado para enfrentar a las autoridades estadounidenses. Esta demanda surge tras las imputaciones del Departamento de Justicia que vinculan al mandatario estatal y al senador Enrique Inzunza Cázarez con estructuras delictivas.
La construcción de esta estructura criminal por parte del Estado, según las declaraciones vertidas en conferencia de prensa, representa una complicidad sistémica. Se enfatizó que existen listas e imputaciones claras que obligan a una respuesta judicial inmediata, señalando a los involucrados como piezas fundamentales de un engranaje que ha facilitado la operación del narcotráfico desde las instituciones públicas.
