La tensión por el uso del litoral y los impactos ambientales de proyectos inmobiliarios de alto nivel ya no es exclusiva del Caribe mexicano. A la par de las controversias que han rodeado obras como el Tren Maya o distintos desarrollos turísticos en la Riviera Maya, ahora el conflicto se traslada al Pacífico, donde comunidades costeras también denuncian afectaciones ecológicas y apropiación del espacio público.
En Bahía de Banderas, Nayarit, habitantes de Punta de Mita y Emiliano Zapata, acompañados por activistas ambientales, rechazaron de forma tajante la propuesta de la empresa Cantiles de Mita —filial del Grupo DINE— de retroceder únicamente cinco metros la construcción de un muro de piedra en la playa Las Cocinas, epicentro de un conflicto que ha ido escalando en las últimas semanas.
Durante una asamblea comunitaria realizada en la plaza pública de Emiliano Zapata, los pobladores exigieron que el retiro sea de al menos 20 metros, con el objetivo de proteger la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y preservar un área clave para el desove de la tortuga marina —una especie que requiere amplias franjas de arena para su reproducción.
El activista Efraín López, quien encabezó parte del diálogo con la comunidad, sometió a consulta la propuesta de la desarrolladora. La respuesta fue unánime: un rotundo “¡no!” a los cinco metros planteados. Los asistentes reiteraron su exigencia de recuperar el acceso y la integridad de al menos 20 metros de litoral.
Además del impacto ambiental por un megaproyecto inmobiliario, los habitantes denuncian una creciente desigualdad en la zona. Señalan que mientras los desarrollos de lujo generan ingresos millonarios, las comunidades locales enfrentan condiciones económicas limitadas. La construcción del muro, acusan, representa no sólo un daño ecológico, sino también una privatización de facto de la playa, restringiendo el acceso público.
El conflicto se intensificó con la presencia del alcalde Héctor Santana en la reunión, lo que provocó inconformidad entre los habitantes de Punta de Mita, quienes lo señalan de haber sido omiso durante gran parte del proceso.
Ante la falta de respuestas, activistas y pobladores han solicitado la intervención del Senado. La senadora Ivideliza Reyes advirtió que la situación ha alcanzado un punto de “alta tensión social”, marcado por protestas, bloqueos e incluso detenciones de manifestantes.
De acuerdo con la legisladora, las obras de Cantiles de Mita S.A. de C.V. continúan dentro de la ZOFEMAT pese a las denuncias por daño ambiental y obstrucción del acceso público. “Hay una manifestación ciudadana que ha sido ignorada. Han pedido diálogo y lo que han encontrado es represión. No es un hecho aislado”, señaló.
A esto se suma un elemento que ha generado mayor controversia: autoridades municipales han reconocido públicamente que no existe un permiso de construcción para la zona específica donde se levanta el muro. Aun así, la obra no ha sido detenida, lo que abre cuestionamientos sobre fallas —o posibles omisiones— en los mecanismos de supervisión y control territorial.
El caso de Playa Las Cocinas refleja un patrón que comienza a repetirse en distintas regiones del país: megaproyectos turísticos que avanzan en medio de vacíos regulatorios, tensiones sociales y denuncias por daño ambiental, ahora no sólo en el Caribe mexicano, sino también en las costas del Pacífico.
