La bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado presentó una iniciativa de reforma para prohibir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas bancarias sin un mandato judicial previo, argumentando que la normativa vigente vulnera la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad.
Reversión de la política de fiscalización financiera
El grupo parlamentario del PT, liderado por su dirigente nacional Alberto Anaya, promueve una modificación legal para dar marcha atrás a una facultad que ellos mismos, en coalición con Morena, avalaron en 2022. Esta propuesta surge a pesar de que la actual conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó recientemente la constitucionalidad de dichas facultades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La iniciativa sostiene que el procedimiento actual de la UIF contraviene directamente el artículo 14 constitucional, relativo al derecho de audiencia previa, y el artículo 16, el cual estipula que ningún ciudadano puede ser molestado en sus posesiones sino mediante un mandamiento escrito de autoridad competente. La postura actual de la bancada señala que el esquema vigente permite inhabilitar activos bajo meras sospechas, obligando al usuario a demostrar la licitud de sus recursos, lo que invierte la carga de la prueba en el proceso penal.
Impacto económico y vulnerabilidad de derechos fundamentales
La propuesta legislativa enfatiza que el bloqueo de una cuenta no es un simple trámite administrativo, sino una interrupción drástica de la subsistencia económica de las personas. Los senadores argumentan que esta medida impide cubrir necesidades básicas como:
- Pago de rentas y adquisición de alimentos.
- Sostenimiento operativo de empresas y liquidación de nóminas.
- Cumplimiento de créditos automotrices y obligaciones financieras elementales.
El argumento central destaca que la medida afecta por igual a grandes empresarios y a personas que operan en la informalidad o poseen pequeños negocios, provocando una suspensión de facto de su capacidad de interacción económica y patrimonial.
Propuesta de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito
La iniciativa busca modificar los artículos 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito para establecer candados estrictos. Bajo este nuevo esquema, la inclusión de una persona en la lista de cuentas bloqueadas requeriría:
- Autorización judicial previa emitida por escrito.
- Existencia de indicios suficientes vinculados a delitos específicos.
- Relación comprobada con financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Este proyecto cuenta con el respaldo unánime de los integrantes de la bancada: Alberto Anaya, Alejandro González Yáñez, Geovanna Bañuelos, Lizeth Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández.
Contraste con el marco legal aprobado en 2022
Es relevante señalar que en 2022, el propio PT votó a favor de la reforma al título quinto de la Ley de Instituciones de Crédito. Aquella modificación permitió a la SHCP bloquear cuentas con el solo indicio de actividades ilícitas. Dicha normativa fue ratificada por el pleno de la SCJN el pasado 6 de abril, bajo la premisa de que el procedimiento es claro y garantiza el derecho de defensa mediante plazos definidos, desahogo de pruebas y resoluciones fundadas que pueden ser impugnadas ante tribunales administrativos.
