La fracción de Morena en la Cámara de Diputados impulsará un juicio político contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, bajo acusaciones de permitir operaciones de agencias estadounidenses que vulneran la soberanía constitucional. La iniciativa surge tras el hermetismo de la mandataria ante el fallecimiento de agentes extranjeros en territorio estatal durante supuestas incursiones tácticas contra el crimen organizado.
Ruptura constitucional y el frente legislativo en San Lázaro
Arturo Ávila, vocero del grupo parlamentario de Morena, formalizó la intención de someter a revisión la conducta de la gobernadora chihuahuense. El legislador argumentó que la Cámara de Diputados posee la facultad exclusiva para procesar este mecanismo de control ante violaciones flagrantes al marco legal del país. La determinación se produce en un clima de tensión binacional, donde la administración de Chihuahua es señalada por permitir la intervención directa de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin los protocolos de coordinación federal.
La gravedad de las acusaciones reside en la presunta omisión de las jerarquías constitucionales que rigen la seguridad nacional. Para el bloque oficialista, la situación en el norte del país representa un desafío directo al pacto federal, equiparable en relevancia política a otros casos de alto perfil en la agenda de procuración de justicia.
La conexión Chihuahua y el operativo de agentes estadounidenses
El detonante de esta ofensiva legal radica en un incidente donde dos agentes de origen estadounidense perdieron la vida en suelo chihuahuense. Según los reportes que sustentan la queja legislativa, estos elementos participaban en un operativo de combate al narcotráfico cuya ejecución no habría sido notificada ni autorizada bajo los cauces institucionales correspondientes.
- Fallecimiento de efectivos: La muerte de los dos agentes extranjeros evidenció la realización de maniobras tácticas en la entidad.
- Incomparecencia ante el Senado: La gobernadora Campos fue convocada por la Cámara Alta para esclarecer la naturaleza de estos operativos y la participación de inteligencia extranjera, invitación que fue declinada por la titular del Ejecutivo estatal.
- Violación de soberanía: La negativa a informar y la supuesta permisividad ante agencias externas configuran el eje central de la demanda de juicio político.
Contraste en la agenda de seguridad y extradiciones
La solicitud de Morena contra la gobernadora de Acción Nacional coincide con las presiones externas dirigidas hacia el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sin embargo, Arturo Ávila enfatizó que el enfoque en el noroeste del país no debe desviar la atención de lo que sucede en Chihuahua. Para la bancada guinda, el cumplimiento estricto de la Constitución no admite excepciones regionales ni sesgos políticos.
La estrategia de Morena busca sentar un precedente sobre la responsabilidad de los gobernadores en el manejo de la cooperación internacional de seguridad. Al señalar una «violación fragante», el partido oficialista traslada el conflicto del plano mediático al terreno de las sanciones administrativas y penales, condicionando la estabilidad política de Chihuahua a la resolución de este proceso en el Congreso de la Unión. La investigación interna y la recolección de pruebas sobre la operación de la CIA en la zona fronteriza serán determinantes para el avance de la solicitud en las comisiones de la Cámara Baja.
