Alejandro Moreno Cárdenas exigió la entrega inmediata del gobernador de Sinaloa a la justicia estadounidense, argumentando que las acusaciones formales confirman una alianza estructural entre la administración actual y organizaciones criminales, lo cual rompe los acuerdos de impunidad establecidos en el sistema judicial mexicano.
Acusaciones de narcopolítica y colusión gubernamental
La dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional sostiene que las imputaciones presentadas por las autoridades de Estados Unidos representan un punto de quiebre en la narrativa oficialista. Según Alejandro Moreno, estos señalamientos ratifican la existencia de pactos inconfesables entre funcionarios públicos y grupos delictivos, una postura que el partido ha defendido durante los últimos años.
La situación se describe como la consumación de una red de protección que permite a perfiles políticos operar bajo el amparo del gobierno federal. Esta dinámica, denominada por la oposición como un pacto de impunidad, vincula directamente la gestión de la administración pasada con los liderazgos vigentes en entidades federativas bajo el control de Morena.
Exigencia de justicia externa frente a la impunidad local
La postura de la dirigencia priista es tajante respecto a los mecanismos de justicia. Ante la falta de acciones legales contundentes en territorio nacional, se solicita que el gobernador Rubén Rocha Moya sea extraditado y procesado por el sistema judicial de Estados Unidos.
- Inoperancia del sistema nacional: El argumento central descarta que la intervención extranjera vulnere la soberanía, señalando que la investigación externa es la única vía ante el proteccionismo institucional en México.
- Corrupción del aparato estatal: La dirigencia afirma que la complicidad desde las altas esferas del poder impide que se realicen procesos imparciales en el país.
- Seguridad ciudadana en riesgo: Se enfatiza que el enfoque debe desplazarse del discurso político hacia la protección de las víctimas del crimen organizado.
Crisis humanitaria en Sinaloa y responsabilidad institucional
El conflicto escala más allá de la arena legislativa al citar las cifras de violencia en el estado de Sinaloa. La dirigencia del PRI subraya que la presunta relación entre el poder político y el crimen organizado tiene consecuencias directas y letales para la población civil.
- Cifras de violencia: Se reportan más de tres mil homicidios y una cifra equivalente de personas desaparecidas en la entidad, lo que refleja un estado de desprotección absoluta.
- Foco en las víctimas: La exigencia de entrega del gobernador se presenta como un acto de justicia para las familias y madres que han perdido a sus hijos debido a la violencia sistémica.
La narrativa de la oposición concluye que este escenario no responde a una persecución política, sino a un reclamo social por la impunidad total que prevalece en el gobierno actual. Al existir imputados formales en el extranjero, la dirigencia del PRI exhorta a las autoridades mexicanas a dejar de obstruir el proceso y permitir que la justicia internacional actúe sobre los funcionarios señalados.
