Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) reconoció que hay vacíos legales en materia electoral para sancionar la promoción anticipada de actores políticos por lo que busca apoyarse en criterios y jurisprudencias emitidas por tribunales federales.
La consejera presidenta Rubí Pacheco Pérez, reconoció que estas prácticas, que incluyen la difusión de propaganda en bardas y espacios publicitarios antes del inicio formal del proceso electoral, suelen aprovechar vacíos en la legislación, lo que obliga a las autoridades a realizar un análisis más profundo basado en precedentes judiciales.
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Explicó que la interpretación jurídica juega un papel fundamental para determinar si una conducta constituye o no una infracción a la normativa electoral vigente.
“Es clave analizar el contexto de cada caso. No es lo mismo que una persona se promueva directamente diciendo que busca un cargo de elección popular, a que existan mensajes indirectos difundidos por terceros o posicionamientos ambiguos que pueden prestarse a distintas interpretaciones”, puntualizó.
La consejera presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo indicó que actualmente las denuncias relacionadas con estos hechos continúan en etapa de análisis dentro de la Comisión de Quejas y Denuncias, instancia encargada de integrar los expedientes y realizar las primeras diligencias.
Posteriormente, dichos asuntos serán turnados al Consejo General del instituto, donde los consejeros evaluarán cada caso de manera colegiada, tomando en cuenta tanto la normativa local como los criterios y jurisprudencias federales aplicables.
Un dato importante es que desde hace meses en el estado se ha observado una proliferación de bardas pintadas y propaganda proselitista promocionando a diversos personajes políticos, particularmente de la «Cuarta Transformación», meses antes de los tiempos oficiales, sin que las autoridades electorales locales (Ieqroo) hayan aplicado sanciones efectivas.
A menudo, estas prácticas se escudan en la selección de «coordinadores» en lugar de candidatos oficiales, aprovechando vacíos legales que el Tribunal Electoral debe interpretar, lo que suele derivar en la inexistencia de los actos anticipados en muchos casos.
Y es que la percepción general es que la elección intermedia de 2027 ya arrancó de manera informal, con partidos políticos desafiando los tiempos legales y las autoridades locales mostrando poca capacidad de sanción efectiva.
