Diputados del Partido del Trabajo solicitaron al Senado de la República el inicio de un juicio político y la destitución de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, bajo acusaciones de traición a la patria y violaciones constitucionales tras revelarse la operación de agentes estadounidenses en la entidad.
La controversia escaló luego de que el Senado aprobara una invitación formal para que la mandataria panista y su fiscal, César Jáuregui, comparezcan y expliquen la presencia de supuestos efectivos de la CIA que fallecieron en territorio chihuahuense. El grupo parlamentario del PT sostiene que estas operaciones se realizaron sin el conocimiento ni la autorización del Gobierno Federal, lo que constituye una vulneración directa al marco legal vigente y a la soberanía del Estado mexicano.
Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la bancada petista, enfatizó que la soberanía nacional no es negociable y no puede ser sometida a intereses externos. La narrativa legislativa apunta a una contradicción en las declaraciones del gobierno estatal, el cual inicialmente reconoció la colaboración con agentes extranjeros para después intentar minimizar el alcance de dichas actividades. Según el legislador, permitir que una administración estatal ceda facultades estratégicas a potencias extranjeras representa una renuncia tácita a la estructura del Estado mexicano y una afrenta a las instituciones federales.
- Violación constitucional: Acusación de permitir operativos extranjeros al margen de la Federación.
- Contradicción oficial: Señalamientos sobre cambios en la versión del gobierno de Chihuahua respecto a la colaboración internacional.
- Defensa de soberanía: Alineación de los legisladores con la presidencia de la República en el resguardo del territorio nacional.
La fracción parlamentaria subrayó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en la protección de la integridad nacional, insistiendo en que México posee leyes y dignidad institucional suficientes para no normalizar intervenciones foráneas. El proceso solicitado busca determinar las responsabilidades administrativas y penales derivadas de la muerte de los agentes y la naturaleza de sus funciones en la zona norte del país. La petición de destitución se fundamenta en el riesgo que implica, según los promoventes, que gobiernos estatales gestionen convenios de seguridad con agencias extranjeras de manera autónoma y opaca ante los poderes de la Unión.
