Agencias
PLAYA DEL CARMEN.- La falta de una adecuada representación del pueblo maya y la ausencia de mecanismos claros para la distribución de recursos derivados del uso de su patrimonio cultural han generado inconformidad entre integrantes de comunidades indígenas en Quintana Roo, afirmó Hermelindo Be Cituk, presidente de la Asociación Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA).
En entrevista, el dirigente señaló que actualmente el llamado Gran Consejo Maya opera como una asociación civil encabezada por Simón Camal y Gabino Cruz, lo que, dijo, ha limitado los beneficios para la población indígena, pues a menudo incluso los integrantes de esta estructura enfrentan condiciones adversas sin recibir apoyo.
Te puede interesar: CASO XCARET: Respalda Gran Consejo Maya a empresa y reclama a SCJN exclusión en el litigio
Mencionó el caso del tesorero Cornelio, quien se encuentra enfermo y sin respaldo económico. “Hoy ahí en sus manos no ha llegado ni un peso”, expresó.
Be Cituk cuestionó también el reconocimiento que algunas autoridades otorgan a esta agrupación, pese a que, afirmó, no corresponde a su estructura original ni a lo establecido en la legislación indígena del estado.
Lamentó que durante la administración de Carlos Joaquín el Gran Consejo Maya se redujo a una asociación civil, restando autoridad.
Asimismo, consideró que la actual Ley Indígena de Quintana Roo requiere una revisión, al señalar que se encuentra desactualizada y no está armonizada con el artículo 2 constitucional, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con autonomía y capacidad de autodeterminación.
“La ley indígena de Quintana Roo está obsoleta”, sostuvo.
El representante indicó que es necesario impulsar una consulta previa, libre e informada para que las comunidades indígenas definan a sus autoridades y participen en la toma de decisiones sobre el uso de su patrimonio cultural.
Añadió que, en su opinión, los recursos obtenidos por las actividades comerciales vinculadas a la cultura maya, tanto en empresas privadas como en sitios arqueológicos, no se distribuyen de manera equitativa entre las comunidades.
“El recurso que llega, el pueblo maya no es ni del uno por ciento”, afirmó.
Finalmente, consideró que debe establecerse un fondo que garantice que los ingresos derivados del uso del patrimonio cultural regresen directamente a las comunidades indígenas, en un contexto donde diversas empresas y proyectos, incluido el Tren Maya, hacen uso de estos elementos con fines comerciales.
SIM









