Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El ex integrante y ex presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Quintana Roo (CPCQ), Raúl Cáceres Urbán, planteó la necesidad de replantear la operatividad y los criterios de selección de quienes forman parte de este organismo, con el objetivo de fortalecer su carácter ciudadano y su efectividad en el combate a la corrupción.
En declaraciones recientes, Cáceres Urbán calificó como “inadecuados” algunos de los perfiles que actualmente integran el Comité, al señalar que han sido incorporadas personas sin antecedentes en el activismo ciudadano ni méritos comprobables en materia de fiscalización, transparencia o rendición de cuentas.
A su juicio, esta situación debilita la legitimidad del órgano y limita su capacidad de incidir de manera efectiva en la vida pública del estado.
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Explicó que, si bien el CPC tiene entre sus funciones la propuesta de políticas públicas orientadas a prevenir y combatir la corrupción, uno de sus principales obstáculos radica en que la implementación de dichas propuestas depende en gran medida de la voluntad de las autoridades gubernamentales.
“Se pueden generar buenas propuestas desde el Comité, pero si no existe disposición por parte de los gobiernos para ejecutarlas, el impacto se reduce considerablemente”, advirtió.
Raúl Cáceres Urbán subrayó que el organismo requiere una revisión profunda que permita mejorar su funcionamiento y recuperar la confianza ciudadana; sin embargo, consideró que su desaparición no es una opción viable, ya que representaría un retroceso en los mecanismos de contrapeso democrático en Quintana Roo.
“Eliminar el Comité sería debilitar la participación ciudadana en la vigilancia del poder público. Lo que se necesita es fortalecerlo, no desaparecerlo”, puntualizó.
Las declaraciones del exfuncionario coinciden con una iniciativa actualmente en análisis en la Legislatura estatal, la cual busca endurecer los requisitos para la selección de los integrantes del CPCQ. La propuesta pretende garantizar que quienes aspiren a formar parte del organismo cuenten con una trayectoria sólida en la sociedad civil, así como experiencia profesional acreditada en temas relacionados con el combate a la corrupción.
