Las fuerzas federales neutralizaron una estructura criminal dedicada al robo masivo de gas LP que utilizaba un complejo esquema de lavado de dinero y simulación comercial para distribuir hidrocarburo en el centro del país. La operación, ejecutada tras siete meses de inteligencia, resultó en la captura de 14 objetivos clave y el aseguramiento de activos financieros y logísticos que permitían una extracción semanal de 1.5 millones de litros.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron el desmantelamiento de este grupo delictivo con presencia dominante en Jiquipilco, Polotitlán y Cuautitlán Izcalli, dentro del Estado de México, además de Tepeji del Río, Tula de Allende y Atotonilco de Tula, en la entidad de Hidalgo. Durante una comparecencia conjunta, el secretario Omar García Harfuch precisó que la organización operaba bajo un modelo de negocio integral que abarcaba desde la perforación de ductos hasta la venta final al consumidor mediante establecimientos aparentemente legales.
El despliegue táctico involucró 20 cateos simultáneos que permitieron identificar 10 estaciones gaseras vinculadas directamente con la comercialización del producto extraído de manera ilícita. La logística criminal se basaba en una toma clandestina estratégica que facilitaba el llenado de autotanques y contenedores, los cuales eran desplazados rápidamente hacia predios de almacenamiento y centros de carburación para su blanqueo inmediato.
La investigación reveló una jerarquía profesionalizada compuesta por empresarios, abogados y operadores logísticos que garantizaban la continuidad de las actividades ilícitas mediante el uso de factureros y prestanombres:
- Liderazgo y Finanzas: Mauricio “N”, señalado como el principal coordinador logístico y financiero del grupo.
- Lavado de Dinero: Jorge “N” y Lorenzo Javier “N”, propietarios de empresas gaseras utilizadas para emitir facturas y dar apariencia legal al combustible robado.
- Soporte Técnico y Legal: Joaquín Arturo “N”, quien operaba como enlace empresarial y asesor jurídico de la estructura.
- Logística de Traslado: Julio César “N”, encargado de suministrar y dirigir la flota de pipas hacia los puntos de sustracción.
Este esquema de simulación permitía que el recurso obtenido ilegalmente se introdujera en el mercado formal, utilizando los centros de carburación como fachada para el flujo de capitales. La intervención federal no solo frenó el daño patrimonial, sino que inhabilitó la capacidad de los «factureros» para ocultar el rastro del dinero obtenido por estas transacciones ilícitas.
El golpe financiero a la organización incluyó el aseguramiento de equipo pesado y recursos energéticos que ya han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales:
- Hidrocarburo: Más de 150 mil litros de gas LP recuperados.
- Transporte: 61 pipas, 11 tractocamiones y diversos vehículos particulares.
- Infraestructura: 20 tanques de almacenamiento y 55 tanques adicionales.
- Otros activos: Dinero en efectivo, armamento, sustancias ilícitas y equipo de cómputo para análisis forense.
Con este operativo, el Gobierno de México afecta directamente el suministro ilegal de energía en la región central, clausurando los mecanismos de financiamiento que permitían a esta célula criminal sostener su capacidad operativa frente a las instituciones de seguridad.
