Morena propone aplazar la elección de jueces y magistrados al 2028 para robustecer la evaluación técnica mediante exámenes de conocimientos y un Comité Único, eliminando requisitos de promedio académico y priorizando la certificación vigente de la Escuela Nacional de Formación Judicial para garantizar la idoneidad de los perfiles.
La reforma al Poder Judicial enfrenta una modificación sustancial impulsada por legisladores de Morena, quienes plantean postergar el proceso electivo previsto originalmente para el próximo año. El objetivo central radica en desplazar la jornada de votación hasta el 2028, permitiendo un margen temporal más amplio para la organización técnica y la preparación de los aspirantes. Esta iniciativa busca depurar los filtros de selección, eliminando requisitos documentales que no aportan parámetros objetivos de evaluación y sustituyéndolos por mecanismos de comprobación de capacidades a través de exámenes específicos.
La propuesta legislativa introduce un cambio estructural en la integración de candidaturas mediante los siguientes ejes:
- Disolución de los comités individuales de cada Poder de la Unión.
- Instauración de un Comité Único de Evaluación para centralizar el procedimiento.
- Sustitución de la exigencia de promedios académicos por la acreditación de exámenes de conocimientos técnicos.
Bajo esta lógica, se pretenden modificar los artículos 95 y 97 constitucionales. La intención es que la trayectoria escolar numérica deje de ser el factor determinante para acceder a cargos de ministras, ministros o juzgadores. En su lugar, se establece como requisito indispensable poseer una certificación de competencias vigente, la cual debe ser emitida exclusivamente por la Escuela Nacional de Formación Judicial, garantizando que el personal cuente con las habilidades prácticas necesarias para el ejercicio del cargo.
El alcance de la iniciativa también abarca el funcionamiento interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la reforma al artículo 99 constitucional. El planteamiento establece una dinámica de renovación periódica para la presidencia de dicho órgano, determinando que el relevo de la presidencia ocurrirá cada dos años. Esta designación se realizará entre los integrantes vigentes del Tribunal y se veta explícitamente la posibilidad de repetir el cargo para el periodo inmediato posterior, asegurando la alternancia y evitando la concentración de poder administrativo.
Este paquete de ajustes ha sido suscrito por figuras clave de la bancada guinda, incluyendo al vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuellar y a las diputadas Olga Sánchez Cordero y Mariana Benítez Tiburcio. El respaldo también incluye al senador Javier Corral y al diputado Alfredo Vázquez Vázquez, quienes argumentan la necesidad imperativa de dotar al proceso de una arquitectura técnica más sólida y transparente antes de convocar a la ciudadanía a las urnas para elegir a los integrantes del sistema de justicia.
