Redacción/CARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.- El senador Eugenio Segura Vázquez salió en defensa de Grupo Xcaret, empresa que enfrenta un litigio por el uso de símbolos patrimoniales del pueblo maya, al sostener que el consorcio genera empleo en Quintana Roo y mantiene esquemas de retribución económica con comunidades indígenas.
“No es solo retribución económica, sino que invita a artesanos a que vendan en sus parques”, declaró el legislador federal durante una jornada de audiencias públicas organizada por el Ayuntamiento de Playa del Carmen en Puerto Aventuras.
El senador, quien fue entrevistado durante una gira de trabajo por Puerto Aventuras el pasado sábado, afirmó que la empresa ya mantiene apoyos hacia el Gran Consejo Maya y otras comunidades originarias, aunque consideró que esa relación no ha sido suficientemente comunicada.
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Añadió que el respeto a los derechos culturales debe mantenerse, pero sin afectar el clima de inversión en el estado. “Debe hacerse de la mejor manera, para no desincentivar la inversión”, expresó.
Eugenio Segura también destacó la trayectoria de la empresa en Quintana Roo y su peso económico en el sector turístico. “Yo respeto mucho al empresario don Miguel Quintana Pali; hemos trabajado muy en serio con ellos, en gran coordinación”, señaló.
El legislador indicó que la protección del patrimonio cultural indígena ha sido una bandera de la llamada Cuarta Transformación y recordó que existe legislación federal específica que define consultas, autorizaciones y límites para el uso de símbolos comunitarios.
Bajo ese contexto, consideró que el conflicto actual refleja una falta de coordinación entre las partes involucradas.
Sin embargo, el procedimiento legal iniciado por dignatarios mayas ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor se sustenta precisamente en la legislación federal de protección del patrimonio cultural indígena, misma que derivó en el fallo reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Xcaret.
A ello se suma la controversia interna dentro del propio Gran Consejo Maya, donde persisten reclamos por la falta de transparencia sobre el convenio por 15 millones de pesos firmado con la empresa tras el inicio del litigio, cuyos beneficios —según sectores disidentes— no se reflejan en las comunidades mayas.
