Expertos internacionales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM definen el sistema político mexicano actual como un modelo híbrido que transita hacia el autoritarismo, advirtiendo que la cooptación del Poder Judicial y la eliminación de contrapesos sitúan al país como un ejemplo paradigmático de erosión democrática global.
El panorama político mexicano enfrenta un diagnóstico crítico tras el Seminario Internacional “Nuevas aproximaciones a la medición democrática en América Latina». Académicos de prestigio mundial advierten que el país experimenta un retroceso sin precedentes, caracterizado por la instauración de una autocracia electoral. Esta categoría, validada por el Instituto V-Dem, ubica a México en una trayectoria similar a la de El Salvador, Nicaragua y Venezuela, destacando que es la nación latinoamericana con mayores retrocesos registrados desde el inicio de la administración de la Cuarta Transformación en 2019.
La consolidación de este sistema se fundamenta en cuatro ejes estratégicos:
- Hegemonía de Poderes: El ejercicio de un control férreo sobre el Ejecutivo y el Legislativo por parte del oficialismo.
- Captura Judicial: La implementación de una elección de juzgadores que debilita la función del Poder Judicial como contrapeso real.
- Extinción Institucional: La desaparición deliberada de organismos autónomos que garantizaban el equilibrio democrático.
- Manipulación de Reglas: Los intentos persistentes por modificar el sistema electoral para favorecer la continuidad del proyecto en el poder.
Aníbal Pérez-Liñán, director del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, señala que estos procesos se distinguen por utilizar la legitimidad de origen —elecciones democráticas y alta popularidad— para desmantelar la democracia desde adentro. A diferencia de las dictaduras militares del pasado, los autócratas contemporáneos mantienen las formas electorales mientras capturan las cortes, restringen derechos y cierran espacios a la sociedad civil.
La investigadora Johanna Cilano define la reforma judicial como una «advertencia sumamente clara» de cómo el poder político puede subordinar estructuralmente a los organismos de justicia. Por su parte, Guadalupe Salmorán destaca que el gobierno ha empleado maniobras formales e informales para deslegitimar a las altas cortes, utilizando discursos polarizadores para justificar cambios radicales bajo la premisa de combatir la corrupción y la falta de acceso.
La dinámica de estos regímenes se apoya en la polarización social. Según los académicos, el crecimiento de la desigualdad ha facilitado que líderes capitalicen el descontento, impulsando propuestas antidemocráticas que sectores amplios de la población aceptan en su búsqueda de cambios profundos. Estos líderes suelen atacar la reputación de las instituciones existentes para legitimar acciones que reconfiguran los equilibrios institucionales a favor del poder político.
Pese al escenario actual, la academia subraya que la erosión democrática es reversible, citando casos donde la derrota electoral de figuras autocráticas permitió recuperar el orden institucional. Sin embargo, el riesgo de profundizar hacia regímenes autoritarios plenos permanece latente si no se fortalecen los apoyos jurisdiccionales. Diego Valadés enfatiza que México ya opera bajo este régimen híbrido, mostrando una identificación con gobiernos autoritarios de la región, lo que obliga a las mediciones actuales a desenmascarar estas «democracias extenuadas» que organizan elecciones con ventajas desproporcionadas para el oficialismo.
