La Fiscalía General del Estado ejecutó seis cateos simultáneos en inmuebles vinculados al exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, incluyendo domicilios familiares, como parte de una investigación ministerial que el exfuncionario califica de persecución política derivada de pugnas internas partidistas y señalamientos de homicidio.
Despliegue de fuerzas federales y ministeriales en la colonia México
La mañana de este viernes, la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinó un operativo de alta visibilidad en diversos puntos de Uruapan, centrando esfuerzos en la colonia México. La diligencia no fue un acto aislado, sino que contó con el respaldo operativo de efectivos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la institución, estas acciones ministeriales responden a líneas de investigación robustecidas previamente. La autoridad enfatizó que los procedimientos se ejecutan bajo el rigor del debido proceso y el respeto a las garantías individuales, aunque el reporte oficial omitió detalles específicos sobre la naturaleza de los delitos investigados o los hallazgos preliminares dentro de las fincas intervenidas.
Respuesta del exalcalde ante la acción judicial
Ignacio Campos reaccionó a los hechos mediante una transmisión digital desde una ubicación fuera de Uruapan. Durante su intervención, el exmunícipe denunció irregularidades procesales, asegurando que los agentes presentes en las propiedades, entre las que destacan su casa particular y la de sus padres, se negaron a exhibir la orden judicial correspondiente ante su equipo legal.
El exfuncionario fundamentó su ausencia física en la ciudad bajo los siguientes puntos:
- Existencia de un entorno de hostigamiento sistemático.
- Presunta propagación de discursos de odio en su contra.
- Señalamientos directos realizados por la actual alcaldesa, Grecia Quiroz.
- Acusaciones vinculadas a Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, edil cuyo deceso ocurrió el primero de noviembre de 2025.
El trasfondo legal y la carpeta de investigación
La defensa de Campos Equihua sostiene que existe una denuncia interpuesta por la alcaldesa Quiroz que lo vincula, junto a otros perfiles políticos, con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez. Ante esta situación, el exalcalde solicitó formalmente a la Fiscalía el acceso a la carpeta de investigación para estructurar su defensa jurídica.
La respuesta de la FGE fue calificada por el afectado como ambigua; sin embargo, tras la ejecución de los cateos, Campos confirmó que el proceso de investigación en su contra es una realidad jurídica ineludible. Por tal motivo, anunció la redacción de nuevos oficios legales para forzar la entrega de los expedientes y proceder con la contestación legal que el marco de derecho le permite.
Colisión de intereses políticos y la ruta hacia la gubernatura
El operativo se desarrolla en un clima de alta tensión dentro de la estructura de Morena en Michoacán. La coyuntura está marcada por la competencia interna hacia la candidatura por la gubernatura del estado, donde los actores involucrados pertenecen a facciones opuestas.
Por un lado, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, figura como uno de los aspirantes con mayor visibilidad al cargo estatal. En la acera opuesta, Ignacio Campos está plenamente integrado al equipo de trabajo del senador Raúl Morón Orozco, quien también compite por la misma posición política. Esta alineación de fuerzas sugiere que las actuaciones judiciales se insertan en un tablero de ajedrez político donde la autoridad institucional y las aspiraciones electorales convergen de manera crítica.
