El nuevo Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 busca reestructurar la operatividad de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo la gestión de Ernestina Godoy. Esta hoja de ruta pretende responder a la exigencia presidencial de resultados tangibles, a pesar de la ausencia de informes diagnósticos sobre el estado de la institución tras la salida de Alejandro Gertz Manero.
Estructura orgánica y nuevas fiscalías especializadas
La gestión actual ha priorizado la modificación del estatuto orgánico de la FGR, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este ajuste normativo ha permitido el funcionamiento de áreas específicas diseñadas para atender sectores vulnerables y deudas históricas del Estado mexicano.
- Derechos Humanos: Creación de la fiscalía encargada del seguimiento a recomendaciones y quejas en esta materia.
- Inclusión Social: Puesta en marcha de la unidad especializada para personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
- Justicia Histórica: Reactivación de la fiscalía de investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, enfocada en expedientes del periodo 1965-1990.
A pesar de estas aperturas administrativas, persiste una brecha informativa. No existe un reporte público que detalle las condiciones administrativas y jurídicas en las que se recibió el organismo tras la renuncia de Gertz Manero, quien ahora funge como embajador en el Reino Unido.
El modelo de comunicación y la ausencia de rendición de cuentas
La estrategia de comunicación de la titular de la FGR se ha distanciado de los formatos tradicionales de interacción con la prensa. La difusión de actividades se limita a mensajes videograbados transmitidos por internet, eliminando la posibilidad de cuestionamientos directos por parte de los medios de comunicación.
Este esquema replica el modelo utilizado previamente en la Fiscalía capitalina, donde la designación de vocerías específicas canaliza la información de forma unidireccional. La falta de comparecencias públicas para discutir el progreso de carpetas de investigación críticas ha generado una percepción de hermetismo institucional.
El respaldo del Ejecutivo frente a la crisis de evidencia
La presidencia ha mantenido un blindaje político sólido sobre la labor de Godoy. El Ejecutivo federal califica la gestión como excelente, enfatizando el fortalecimiento del vínculo con las fiscalías estatales. Sin embargo, este apoyo contrasta con eventos operativos recientes que han comprometido procesos judiciales de alto nivel.
El reconocimiento oficial de que no se aseguró la propiedad donde se localizaba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras su abatimiento representa un hito de opacidad. La FGR argumentó que el sitio carecía de condiciones de seguridad para el personal pericial, lo que derivó en la contaminación de la escena y la pérdida potencial de pruebas sobre colusión oficial.
Casos emblemáticos en estado de parálisis procesal
El Plan Estratégico 2026-2029 se presenta en un contexto donde investigaciones de alto perfil muestran avances nulos o retrocesos significativos. La narrativa de justicia se enfrenta a la realidad de expedientes que permanecen estancados o con deficiencias técnicas.
Expedientes sin resolución activa
- Víctor Manuel Álvarez Puga: Órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero vigentes desde 2021 sin ejecución.
- Rafael Zaga Tawil: Acusaciones por fraude millonario al Infonavit pendientes desde el año 2020.
- Juan Collado: Colapso de las imputaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada; la fiscalía solo mantiene activo un proceso por defraudación fiscal de 36.7 millones de pesos.
- Genaro García Luna: Las indagatorias principales no registran progresos sustanciales, limitándose a la captura de excolaboradores cuyos procesos jurídicos no han sido definidos.
La implementación de la Ley General contra el Feminicidio destaca como uno de los pocos actos públicos de la fiscal, realizado bajo la restricción explícita de no abordar otros temas institucionales durante su presentación. La eficacia de la procuración de justicia en el próximo trienio depende de superar la inercia de estos casos y de establecer mecanismos de transparencia que validen las nuevas estructuras creadas.
