El despido de la abogada Julisa Contreras Zúñiga del Poder Judicial de Puebla ocurre días después de manifestarse pacíficamente frente a la presidenta Claudia Sheinbaum. La afectada denuncia una campaña de represión política y hostigamiento laboral derivada de su oposición al Polo de Desarrollo para el Bienestar en San José Chiapa.
Cronología de una remoción por activismo social
Julisa Contreras Zúñiga desempeñaba funciones como notificadora en los tribunales estatales de Puebla, cargo obtenido mediante un proceso de concurso de oposición. Su relación laboral fue interrumpida de forma abrupta este miércoles, tras participar el pasado sábado en un acto público encabezado por la presidenta de México. Durante dicho evento, Contreras desplegó una lona para expresar el rechazo de los habitantes locales a la instalación del Polo de Desarrollo para el Bienestar, un proyecto de reciclaje de residuos industriales previsto para el municipio de San José Chiapa.
La defensa de su territorio natal, donde nació y se formó profesionalmente, resultó en una notificación de rescisión contractual apenas dos días después de la movilización. La abogada cuestionó directamente la coherencia de la administración federal, apelando a la trayectoria activista de la mandataria para señalar la injusticia de una persecución iniciada por el gobierno estatal tras una protesta legítima y pacífica.
Argumentos legales y resistencia laboral
Pese a que su contrato había sido renovado en enero de este mismo año, el departamento de Recursos Humanos del Poder Judicial de Puebla citó a Contreras el lunes 13 para solicitar su renuncia voluntaria. Al poseer especialización en derecho laboral, la afectada rechazó la firma del documento, recibiendo en su lugar un acta de rescisión formal.
El sustento jurídico presentado por la institución alega un presunto incumplimiento a los principios, valores y reglas de integridad que rigen el servicio público, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No obstante, los habitantes de la Cuenca Libres Oriental sostienen que estas medidas forman parte de una estrategia sistemática de represión para silenciar las críticas contra el parque de reciclaje de basura proyectado a escasa distancia de las zonas residenciales.
- Oposición al proyecto: La comunidad rechaza la planta por riesgos ambientales.
- Represión institucional: Uso del aparato judicial para sancionar el disenso.
- Violencia de género: Denuncian agresiones físicas y digitales contra la abogada.
Desarticulación de la narrativa oficial y difamación digital
Paralelamente al despido, se ha identificado la ejecución de una campaña de desprestigio en plataformas digitales. Medios de comunicación locales han vinculado a Contreras con el Partido Acción Nacional (PAN), utilizando una fotografía de 2012 donde aparece junto al exgobernador Rafael Moreno Valle. La abogada aclaró que dicha imagen corresponde a la entrega de un equipo de cómputo recibido como reconocimiento por obtener el mejor promedio en la prueba Enlace durante su etapa de educación secundaria.
Julisa Contreras enfatizó que, independientemente de las simpatías políticas que existan dentro del movimiento, el derecho a la manifestación es universal. Durante el evento en Ciudad Audi, los pobladores enfrentaron obstáculos para acceder y fueron relegados a las zonas más distantes del templete principal, evidenciando una intención previa de invisibilizar su postura.
Ejecución de tácticas coercitivas en eventos públicos
El registro videográfico del evento documenta la intervención de Raúl Pineda Raygoza, funcionario de la Secretaría de Gobernación del Estado, quien destruyó material de protesta y coordinó el retiro violento de la manta de la abogada. Contreras señaló que el discurso institucional de inclusión femenina no se refleja en la realidad poblana, donde las mujeres que disienten pierden su empleo y sufren agresiones físicas coordinadas desde el poder.
Por su parte, Jorge Contreras, integrante del Movimiento en Defensa del Agua, la Tierra y la Vida, calificó de «farsa» el supuesto diálogo mencionado en las conferencias matutinas presidenciales. Según los testimonios, no existió disposición real para escuchar a los líderes, quienes fueron alejados del sitio con promesas de atención que nunca se cumplieron.
Resistencia comunitaria frente al Polo de Desarrollo
La llegada de funcionarios estatales a San José Chiapa para entregar apoyos materiales, tales como tractores y calentadores, es vista por el movimiento como un intento de desactivar la protesta social. Aunque los habitantes aceptarán los recursos por ser de origen público, mantienen su negativa a permitir que la región se convierta en una «zona de sacrificio» ambiental en favor de beneficios económicos particulares.
La asamblea de ciudadanos responsabilizó directamente al ejecutivo estatal de cualquier represalia adicional contra los activistas. Aseguraron que la estrategia de opresión y el uso de programas sociales no frenarán la defensa de la salud y el medio ambiente en la Cuenca Libres Oriental, reafirmando que el proyecto industrial carece de licencia social.
