Leslie Gordillo/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin orden judicial previa ha generado preocupación en el sector empresarial de Quintana Roo, al considerarse un factor que podría afectar la confianza para invertir.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que esta decisión, aprobada por mayoría en el máximo tribunal a partir de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, representa un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir restricciones al patrimonio de personas y empresas con base en “indicios suficientes” de posibles actividades ilícitas.
«Esta medida tensiona principios constitucionales como la presunción de inocencia, al aplicar efectos similares a una sanción sin que exista una resolución judicial previa. Además, la falta de controles claros puede generar incertidumbre jurídica, impactando directamente en la percepción de riesgo de inversionistas nacionales e internacionales, especialmente en el contexto de competencia global por capital y acuerdos como el T-MEC», expusieron desde el organismo presidido por Jovita Portillo.
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Las micro, pequeñas y medianas empresas, advirtieron, serían las más vulnerables ante este tipo de medidas, ya que dependen de su liquidez diaria y carecen de recursos para enfrentar procesos legales prolongados.
Ante este escenario, el organismo hizo un llamado al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias para establecer reglas claras que eviten discrecionalidad, como definir criterios objetivos para los bloqueos, implementar control judicial previo, garantizar la notificación inmediata a los afectados y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
El sector empresarial reiteró que el combate a actividades ilícitas debe ir de la mano con el respeto a la certeza jurídica, considerada fundamental para el desarrollo económico del país.
