Alejandro Peza
CHETUMAL.- Diputados de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa del senador Eugenio Segura que busca garantizar la “vivienda adecuada” como un derecho fundamental.
La iniciativa, impulsada por el senador y respaldada por legisladores de Morena, busca armonizar las leyes locales con el artículo 4° constitucional, incorporando criterios como seguridad jurídica, acceso a servicios básicos y calidad en la vivienda.
Sin embargo, diputados de oposición señalaron que el verdadero desafío no radica en legislar, sino en garantizar la aplicación efectiva de estas disposiciones pues Quintana Roo registra un crecimiento urbano acelerado, una acelerada especulación inmobiliaria y la proliferación de asentamientos irregulares, por lo que el reconocimiento de la “vivienda adecuada” como derecho fundamental podría quedarse en el papel si no se acompaña de políticas públicas contundentes y presupuesto suficiente.
Tan solo en municipios como Othón P. Blanco y Benito Juárez, miles de familias viven sin certeza jurídica sobre sus predios, sin acceso pleno a servicios básicos o en condiciones de hacinamiento.
Uno de los puntos centrales de la reforma es precisamente la certeza en la tenencia de la tierra, un problema histórico que ha sido abordado de manera parcial por administraciones anteriores. No obstante, organizaciones civiles advierten que la regularización de la tierra suele avanzar lentamente, atrapada entre la burocracia, la falta de coordinación institucional y, en algunos casos, intereses políticos.
A esto se suma la contradicción entre el impulso a la vivienda social y el modelo de desarrollo predominante en el estado, donde el crecimiento turístico e inmobiliario ha privilegiado proyectos de alto valor comercial por encima de soluciones habitacionales accesibles para la población local.
Ademas, la agilización de trámites, otro de los ejes de la iniciativa, ha sido una promesa recurrente en distintos niveles de gobierno, pero en la práctica continúa enfrentando resistencias estructurales dentro de la administración pública. La corrupción, la opacidad y la falta de capacidad institucional siguen siendo obstáculos que podrían limitar el impacto real de la reforma.
Los legisladores oficialistas de Morena destacaron que esta medida coloca a Quintana Roo a la vanguardia en el reconocimiento de derechos sociales, pero hay críticas que señalan que el acceso a una vivienda digna no se resuelve únicamente con cambios normativos.
Un dato importante es que el reto para el gobierno estatal y los municipios será traducir este nuevo marco legal en acciones concretas que beneficien a quienes más lo necesitan. De lo contrario, el derecho a la vivienda adecuada podría sumarse a la larga lista de derechos reconocidos, pero no garantizados.
