Redacción
Kanasín, Yucatán.— Un hombre identificado como Josué Raúl “N” fue detenido en el municipio de Kanasín, Yucatán, tras una investigación iniciada por autoridades mexicanas a partir de una denuncia presentada por autoridades de Australia por presunta producción y comercialización de material de abuso sexual infantil.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el arresto se realizó en un domicilio ubicado en la colonia Mulchechén, donde agentes federales aseguraron diversos dispositivos electrónicos utilizados presuntamente para almacenar y distribuir el material ilícito.
De acuerdo con Ulises Lara, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes de la FGR, el caso se originó en noviembre del año pasado, luego de que la Embajada de Australia en México notificara sobre hechos posiblemente delictivos investigados por un equipo especializado en abuso infantil de la Policía de Queensland.
“Se detectó que un connacional realizaba la posible venta de material con contenido de abuso sexual infantil”, indicó la dependencia al detallar que las investigaciones permitieron identificar al sospechoso.
Según la FGR, el detenido habría utilizado diversas redes sociales durante aproximadamente 10 años para contactar a niñas, niños y adolescentes, a quienes presuntamente inducía a participar en actos sexuales o de exhibicionismo que luego eran videograbados y comercializados en internet.
Tras reunir pruebas, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar).
Durante el operativo fueron asegurados tabletas electrónicas, teléfonos celulares, tarjetas SIM y memorias microSD, además del inmueble donde se realizó la detención.
El imputado fue presentado ante un juez de control, quien le formuló cargos por su posible participación en el delito de trata de personas agravado, en la modalidad de inducir a menores de edad a realizar actos sexuales con el fin de producir material audiovisual y obtener un beneficio económico.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica; mientras tanto, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que el acusado permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Mérida mientras continúa el proceso judicial.
