Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició los procedimientos para atraer y resolver el juicio de amparo promovido por Aguakán contra el decreto del Congreso del Estado de Quintana Roo que dejó sin efectos la ampliación de su concesión para operar el servicio de agua potable en cuatro municipios de la entidad.
De acuerdo con los estrados del Poder Judicial Federal, la ministra Loretta Ortiz Ahlf hizo suyo el expediente 229/2026, en el que se plantea ejercer la facultad de atracción sobre el recurso de revisión 245/2024, aún no resuelto, derivado de la suspensión definitiva concedida a la empresa, de acuerdo con los estrados digitales del Poder Judicial de la Federación.
El acuerdo señala que, ante la falta de legitimación de quien originalmente promovió la solicitud, la ministra asumió directamente el trámite para conocer del recurso interpuesto contra la resolución interlocutoria emitida el 19 de enero de 2024 por el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo, con sede en Cancún, dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 1323/2023.
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Ese litigio se originó después de que la XVII Legislatura de Quintana Roo aprobara en diciembre de 2023 el decreto que revocó la prórroga otorgada a Aguakán durante el gobierno anterior, con la que la concesión había sido extendida hasta 2053 para prestar servicios en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos e Isla Mujeres.
La revocación legislativa fue respaldada entonces por el resultado de la consulta ciudadana realizada en 2022, donde la mayoría de los participantes rechazó la continuidad de la concesionaria por deficiencias en el suministro, fugas, drenaje y cobros.
El expediente también se encuentra radicado en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, pero la intervención de la Suprema Corte abre la posibilidad de que el máximo tribunal resuelva directamente el fondo constitucional del conflicto, como ocurrió recientemente con el caso de Grupo Xcaret, cuando la Corte atrajo y resolvió el litigio relacionado con el uso comercial de elementos de identidad cultural maya.
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En ambos casos, la Corte interviene sobre controversias surgidas en Quintana Roo que rebasan el ámbito local y plantean criterios de alcance nacional: en Aguakán, sobre concesiones públicas y seguridad jurídica; en Xcaret, sobre propiedad cultural y derechos colectivos.
El punto central del caso Aguakán es la vigencia del título de concesión derivado del Decreto 28, publicado el 20 de octubre de 1993, mediante el cual se otorgó originalmente a la empresa la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales.
La suspensión definitiva concedida en 2024 mantiene provisionalmente vigente la operación de la concesionaria mientras se define si la Suprema Corte ejerce formalmente la atracción y entra al estudio de fondo del asunto.
