Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada federal por Quintana Roo, Marybel Villegas Canché, sumó su voto para avalar la reforma constitucional impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para eliminar las “pensiones doradas”, al considerar que mientras la mayoría de los mexicanos trabaja toda su vida para recibir una pensión digna, hay quienes se jubilan del gobierno cobrando hasta 100 veces más que el promedio.
Después de avalarse en el pleno, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de Reforma y Adición al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y que elimina las llamadas “pensiones doradas” a aquellas que superan los 70 mil pesos.
La legisladora sostuvo que las pensiones desproporcionadas respecto al promedio poblacional representan compromisos presupuestarios que afectan la capacidad financiera de los entes públicos que las sostienen, e incluso pueden comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
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“En la Cámara de Diputados respaldamos la propuesta de la Dra. Claudia Sheinbaum para que ninguna pensión pagada con recursos públicos sea mayor a la mitad del salario de la presidenta, porque el dinero del pueblo debe usarse con responsabilidad, y no para beneficio de unos cuantos”, señaló la legisladora.
Con esta aprobación, precisó Villegas Canché, se modifica la fracción II para establecer que ninguna persona servidora pública podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal, manteniendo la regla de que nadie puede ganar más que su superior jerárquico, pero se actualiza el tope para casos de especialización o trabajo técnico calificado, el cual no deberá exceder la mitad de la remuneración de la Presidenta.
También establece que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, tanto federales como estatales y Municipales, no podrán exceder del 50 por ciento de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
“Seguiremos avanzando con firmeza para terminar con los privilegios y construir un país en el que los recursos del pueblo sean para el pueblo”, puntualizó.
