Redacción
MAHAHUAL.- Habitantes de esta comunidad acusaron al ayuntamiento de Othón P. Blanco (Chetumal) de intervenir en favor de Royal Caribbean Group durante la consulta pública en línea de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Perfect Day México, al denunciar el envío de instrucciones para respaldar digitalmente el desarrollo turístico.
“Entrar al enlace, marcar a favor y responder positivamente en todas las preguntas”, habría sido la indicación difundida entre simpatizantes cercanos a la estructura municipal, según mensajes compartidos por pobladores inconformes con el proceso.
De acuerdo con las denuncias, los mensajes fueron atribuidos al director de Planeación Municipal, Manuel Raigoza Alcocer, quien presuntamente utilizó canales vinculados al gobierno municipal para orientar la participación en el cuestionario habilitado por Semarnat, cuya consulta concluyó el 23 de marzo.
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El contenido de las instrucciones señalaba mantener una postura favorable desde la primera pregunta y sostener el respaldo al proyecto en todo el formulario, lo que, según habitantes de Mahahual, buscó construir una percepción artificial de apoyo ciudadano hacia la MIA del desarrollo promovido en la Costa Maya.
El señalamiento ocurre mientras continúa la controversia legal por el proyecto turístico. La organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) mantiene abierta una impugnación contra resoluciones judiciales relacionadas con cambios al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual.
DMAS informó que en enero acompañó jurídicamente a seis habitantes de Mahahual en la presentación de amparos contra la modificación al PDU aprobada por el Ayuntamiento de Othón P. Blanco y autoridades estatales para permitir la construcción del complejo turístico.
Tras el desechamiento inicial de tres recursos por parte del Juzgado Primero de Distrito en Chetumal, el expediente fue turnado al Primer Tribunal Colegiado de Circuito, instancia que deberá resolver si procede el análisis de fondo sobre derechos ambientales, participación ciudadana y vivienda.
La organización también advirtió criterios distintos en las resoluciones judiciales, al señalar que una misma modificación al PDU fue considerada en un caso como acto administrativo y en otros como norma general, con plazos distintos para impugnación, situación que, según el colectivo, afecta la seguridad jurídica de los habitantes
