Alejandro Peza/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El presidente de la asociación civil Toda Vida es Importante, Rafael Rivero Aburto confirmó que se le da seguimiento a una presunta violación a la Ley de Protección y Bienestar Animal que al parecer cometio el gerente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en el municipio de Othón P Blanco, Abel Dario Oxte Medina.
Rafael Rivero explicó que en el caso reciente relacionado con la CAPA, en la que fueron desalojadas dos gatitas comunitarias por una orden administrativa, se cometió una violación a la Ley de Protección y Bienestar Animal. Indicó que la norma es clara en cuanto a la obligación de las autoridades de garantizar el respeto y protección de los animales, por lo que consideró que la actuación registrada sentó un precedente negativo.
“Es una violación a la Ley de Protección y Bienestar Animal por parte de la autoridad. Aquí no hablamos del personal, sino de quien permitió que esto ocurriera. Tendrá que pagar las consecuencias la persona que tomó la decisión”, expresó.
El presidente de la asociación subrayó que existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconocen derechos a los animales y que incluso han derivado en resoluciones favorables cuando han sido retirados de instituciones públicas sin fundamento legal. A su juicio, ese enfoque jurídico no se aplicó en este caso.
El activista, comentó que la ausencia de una mesa especializada de la Fiscalía en materia de delitos ambientales, fauna y desarrollo urbano en la zona sur del estado provoca retrasos en la atención de casos como son los presuntos abusos de autoridad cometidos recientemente por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y el crematorio clandestino Xibalbá.
El activista señaló que actualmente la Fiscalía Especializada en Maltrato Animal solo cuenta con una mesa en Cancún, mientras que en el sur de Quintana Roo no existe una instancia dedicada a estos temas.
Esta situación, afirmó, genera vacíos en la integración de carpetas de investigación y complica la judicialización adecuada de los casos.
En cuanto al caso del crematorio clandestino Xibabá, Rivero Aburto informó que 328 personas presentaron denuncias. Sin embargo, cada expediente debe integrarse de manera individual debido a las particularidades de cada situación. Algunos casos implican presunta usurpación de profesiones, otros fraude y otros posibles irregularidades en la aplicación de eutanasia.
Hasta el momento, indicó que alrededor de 30 casos han sido judicializados y 10 ya llegaron a audiencia. En estos procesos, dos personas fueron vinculadas a proceso. En uno de los casos se dictó prisión preventiva oficiosa y en otro arraigo domiciliario por razones relacionadas con la maternidad.
Explicó que el proceso apenas inicia y puede extenderse durante varios años. Añadió que la falta de especialización en la Fiscalía limita la posibilidad de integrar delitos relacionados con maltrato y crueldad animal, ya que las investigaciones se enfocan principalmente en fraude o usurpación de profesiones.
“Lamentablemente en la zona sur no tenemos mesa especializada en tema de medio ambiente y maltrato animal. Por eso promovemos políticas públicas para que se implemente una, debido a los altos casos que tenemos”, señaló.
Rivero Aburto también advirtió que existen numerosas denuncias por abandono y maltrato que no siempre concluyen en sanciones claras. Dijo que la ciudadanía desconoce cuántas multas o castigos se han aplicado, lo que genera desconfianza y sensación de impunidad.
Reiteró que la creación de una mesa especializada en la zona sur permitiría fortalecer la integración de pruebas, mejorar la coordinación con peritos y garantizar procesos sólidos ante los jueces, especialmente en casos que involucran flora, fauna y bienestar animal.
