Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa de reforma electoral enviada por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión plantea cambios en la integración de las cámaras legislativas, en el financiamiento público de los partidos políticos y en diversas reglas operativas del sistema electoral.
El documento señala que la propuesta mantiene la estructura general del sistema electoral, pero introduce ajustes en la conformación del Congreso, en el cálculo de los recursos para los partidos y en algunos procedimientos vinculados con la propaganda y el cómputo de las elecciones.
Entre los principales puntos se propone modificar los artículos 52 y 53 de la Constitución para redefinir la integración de la Cámara de Diputados, que conservaría el total de 500 legisladores: 300 electos por mayoría relativa en distritos electorales y 200 por representación proporcional.
De estos últimos, 100 corresponderían a la primera minoría, es decir, a los candidatos con mayor votación después de quienes ganaron los distritos, mientras que otros 100 serían electos mediante votación directa en cinco circunscripciones, incluyendo candidatos de ciudadanos residentes en el extranjero, a partir de listas propuestas por los partidos políticos con integración paritaria.
La propuesta también plantea cambios en la Cámara de Senadores, cuyo número se reduciría a 96 integrantes. Cada estado elegiría dos senadores por mayoría relativa y uno por primera minoría, eliminando las posiciones que actualmente se asignan por listas nacionales de representación proporcional. Según el documento, esta modificación busca recuperar el carácter del Senado como órgano de representación de los estados de la Federación.
Otro de los ejes de la iniciativa se refiere al financiamiento público de los partidos políticos. Actualmente, el monto destinado a sus actividades ordinarias se calcula multiplicando el 65% del valor de la UMA por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
La propuesta plantea reducir ese porcentaje a 48.75%, manteniendo el mismo esquema de distribución: 30% de manera igualitaria entre los partidos y 70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección anterior, lo que implicaría una disminución en los recursos públicos asignados a los institutos políticos.
La iniciativa también incorpora un cambio al artículo 115 constitucional para establecer que las consultas públicas tengan carácter vinculante únicamente cuando participe al menos 40% del listado nominal de electores.
Entre otros ajustes, el documento propone reducir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo de transmisión en medios de comunicación asignado al INE para propaganda electoral, así como iniciar el cómputo de la elección inmediatamente después de la jornada electoral en los Consejos Distritales.
Asimismo, plantea que los concesionarios de medios de comunicación deberán informar cuando los mensajes difundidos utilicen inteligencia artificial, disposición que ha generado debate en el sector mediático al asignarles la responsabilidad de acreditar el uso de estas herramientas.
La iniciativa no contempla modificaciones al artículo 54 fracción IV, que establece que ningún partido puede contar con más de 300 diputados por ambos principios de elección, aunque tampoco incluye disposiciones relacionadas con las coaliciones legislativas y su impacto en la sobrerrepresentación.
De acuerdo con los artículos transitorios, en caso de aprobarse la reforma constitucional, el Congreso de la Unión y los congresos estatales tendrían como plazo límite el 15 de mayo para realizar las adecuaciones correspondientes en las leyes electorales relacionadas con la reforma.
