Redacción
CHETUMAL.- El Observatorio Legislativo (OL) advirtió que la reforma a la Ley de Movilidad aprobada por la XVIII Legislatura modifica de manera relevante la distribución de competencias en materia de transporte público urbano y podría implicar una mayor centralización de decisiones en el Gobierno del Estado, particularmente a través del Imoveqroo.
“La problemática del transporte urbano de pasajeros requiere soluciones estructurales de fondo, por lo que resulta indispensable que el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en coordinación con los Municipios a través de los convenios respectivos, asuma la rectoría en la materia”, señala la exposición de motivos de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo estatal al Congreso local.
De acuerdo con el análisis difundido por el Observatorio en el documento “Cambios institucionales a observar”, la reforma aprobada el 4 de marzo constituye la décima octava modificación a la Ley de Movilidad promulgada en 2018 y establece un nuevo esquema institucional para la organización del transporte público urbano en el estado.
Te puede interesar: Reforma a Ley de Movilidad genera críticas en el Congreso; Dr. Pech acusa riesgos para finanzas municipales (VIDEO)
El organismo señala que históricamente la operación del transporte urbano en rutas establecidas había sido una facultad ejercida por los municipios, quienes otorgaban permisos, regulaban el servicio y respondían a las necesidades locales de movilidad.
Sin embargo, la reforma plantea que dichas atribuciones puedan ejercerse en coordinación con el Gobierno estatal, particularmente a través del Imoveqroo, mediante convenios con los ayuntamientos.
Cambios legales
De acuerdo con el Observatorio Legislativo, la iniciativa no se limita únicamente a modificar la Ley de Movilidad, sino que también contempla ajustes en otros ordenamientos jurídicos del estado, entre ellos la Ley de los Municipios y la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, con el objetivo de adecuar el marco legal al nuevo modelo institucional del transporte público.
Según el análisis, estas modificaciones buscan dar sustento jurídico a la nueva distribución de competencias entre el Estado y los municipios, particularmente en lo relacionado con la planeación, regulación y operación del transporte urbano en rutas establecidas.
El documento señala que este conjunto de reformas permitiría fortalecer las atribuciones del Imoveqroo, organismo que se perfila como la instancia central del nuevo esquema de movilidad.
En ese sentido, el Instituto podría asumir funciones ampliadas en el diseño, implementación y coordinación del Sistema Integrado de Transporte, así como en la definición de políticas públicas relacionadas con rutas, esquemas de operación, estándares de calidad del servicio y mecanismos de supervisión.
La reforma también establece que, mediante la firma de convenios entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, el Imoveqroo podrá participar en la operación del transporte urbano, lo que permitiría una planificación unificada del sistema y la estandarización de políticas de movilidad en todo el territorio estatal.
Entre los elementos incorporados en la reforma se encuentra también la creación de instrumentos financieros para la operación del sistema de transporte, entre ellos un esquema de pago por kilómetro recorrido para los concesionarios.
De acuerdo con la iniciativa, este modelo busca asegurar la viabilidad económica del servicio al considerar variables como costos operativos, financieros y de mantenimiento, además de desvincular la remuneración de los transportistas del número de pasajeros transportados.
Asimismo, la legislación establece la base jurídica para la creación de un fideicomiso de inversión y administración, encargado de concentrar y distribuir los recursos generados por el cobro de tarifas del transporte público.
Este instrumento tendría como finalidad administrar los ingresos del sistema y destinarlos a mantenimiento, renovación de unidades e inversión en infraestructura, dentro del esquema de transporte integrado que propone la reforma.
El Observatorio señala que, con este conjunto de cambios, el Imoveqroo se consolidaría como el eje institucional del nuevo modelo de movilidad en Quintana Roo, encargado de coordinar la planificación del sistema de transporte urbano y supervisar su operación dentro del esquema integrado establecido en la reforma aprobada por el Congreso del estado.
