Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- Diputados de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo defendieron la iniciativa de ley sobre protección de la propia imagen, al asegurar que la propuesta no pretende censurar a los medios ni restringir la libertad de expresión, sino regular el uso indebido de imágenes en redes sociales y plataformas digitales.
“Esta iniciativa no busca censurar ni silenciar críticas”, señalaron los legisladores impulsores de la propuesta, entre ellos María José “Majo” Osorio y Ricardo Velasco, quienes subrayaron que el periodismo libre es un pilar del sistema democrático y que el proyecto contempla excepciones explícitas para la labor informativa.
La iniciativa surge, explicaron, ante el crecimiento del escarnio digital, la calumnia y campañas de humillación en redes sociales, fenómenos que pueden provocar afectaciones personales, laborales y emocionales a quienes son objeto de este tipo de contenidos.
Excepción explícita para el periodismo
Los promoventes aclararon que el texto legal incorpora disposiciones que excluyen al ejercicio periodístico cuando se trate de información de interés público, investigación periodística o cobertura informativa.
Además, la propuesta establece que el derecho a la imagen no podrá utilizarse para impedir el escrutinio público sobre funcionarios o figuras públicas, ni para bloquear la crítica, la sátira o la caricatura política.
Límites y excepciones al derecho a la imagen
El proyecto también define escenarios específicos en los que el uso de imágenes no requerirá autorización, entre ellos:
- Actos públicos o funciones oficiales de servidores públicos.
- Uso de caricaturas, parodias o sátira.
- Imágenes de acontecimientos públicos donde una persona aparezca de forma accesoria.
En paralelo, la iniciativa plantea incorporar al Código Civil del estado el concepto de derecho a la “imagen propia”, para que cualquier persona pueda autorizar o rechazar el uso de su imagen y reclamar judicialmente en caso de uso indebido que afecte su reputación o privacidad.
Llamado a revisar el contenido de la iniciativa
Los legisladores lamentaron que en redes sociales se haya difundido la versión de que se trata de una “ley mordaza”, y llamaron a revisar el contenido completo de la propuesta antes de emitir juicios.
Sostuvieron que la intención es actualizar el marco legal frente a los riesgos del ecosistema digital, sin afectar el derecho constitucional a la libertad de expresión ni el trabajo de los medios de comunicación.
La iniciativa fue presentada en el Congreso del Estado de Quintana Roo y actualmente se encuentra en análisis en comisiones legislativas.
Hugo Alday defiende la iniciativa
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el diputado Hugo Alday, aclaró:
En los últimos días, a propósito de la iniciativa en materia de protección de la propia imagen que presentamos la diputada Majo Osorio, el diputado Ricardo Velazco y un servidor, han circulado interpretaciones que desvirtúan su verdadero alcance, señalando equivocadamente que se trata de un intento por limitar la libertad de expresión o restringir el ejercicio periodístico.
Nada más alejado de la realidad.
El espíritu de esta iniciativa es claro: proteger a las personas que han sido víctimas del uso indebido de su imagen en redes sociales, del escarnio público digital, de la calumnia y de campañas de humillación que lesionan su dignidad y les generan un daño real, profundo y, en muchos casos, irreversible. Estamos hablando de personas que han visto afectada su salud emocional, su entorno familiar, su empleo e incluso su estabilidad mental por publicaciones malintencionadas que se viralizan sin responsabilidad alguna.
La iniciativa establece de manera expresa y puntual una excepción para reporteros, periodistas y medios de comunicación en el ejercicio legítimo de su función informativa. Reconozco plenamente que el periodismo libre es un pilar de nuestra democracia. Valoro y respeto el trabajo de las y los periodistas; su labor fortalece el debate público, visibiliza injusticias y contribuye a la rendición de cuentas.
Entiendo la inquietud que pueda surgir ante cualquier propuesta legislativa vinculada a la expresión pública. En una democracia sana, cuestionar es válido y necesario. Por ello reitero con absoluta claridad: esta iniciativa no busca censurar, no pretende silenciar críticas, ni inhibir la investigación periodística o el escrutinio público.
Tan es así que el propio texto de la propuesta incorpora límites claros al derecho a la propia imagen. El Artículo 551 SEPTIES establece expresamente que este derecho no impedirá:
• La captación, reproducción o publicación de imágenes cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, siempre que la imagen se obtenga durante un acto público o en lugares abiertos al público y exista interés público.
• La utilización de la caricatura o la parodia de dichas personas, conforme al uso social.
• La información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una persona aparezca de manera meramente accesoria.
Es decir, la iniciativa reconoce explícitamente el escrutinio público al que estamos sujetos quienes ejercemos cargos públicos, protege la crítica, la sátira y la caricatura política, y garantiza la cobertura informativa de hechos de interés general.
Lo que sí busca la propuesta es poner límites a prácticas que nada tienen que ver con el ejercicio informativo responsable. En el entorno digital existen personas que, bajo el anonimato o la impunidad, calumnian, difunden imágenes sin consentimiento, humillan y destruyen reputaciones sin considerar el impacto humano de sus actos. Ese daño no es abstracto; puede derivar en depresión, aislamiento social e incluso en consecuencias irreparables.
Proteger la dignidad y la imagen de las personas es una obligación del Estado frente a un ecosistema digital que ha evolucionado con mayor rapidez que nuestro marco normativo. Defender derechos no implica cancelar otros derechos, sino armonizarlos con equilibrio y proporcionalidad.
Quiero ser enfático: esta iniciativa no representa un blindaje para funcionarios, servidores públicos o figuras políticas. No es un escudo para quienes ejercemos responsabilidades públicas ni pretende sustraernos del escrutinio social. Tampoco confronta al periodismo; por el contrario, reconoce su relevancia democrática y lo excluye expresamente de cualquier afectación.
Hago un llamado a que el debate público se construya sobre el contenido real de la propuesta y no sobre interpretaciones parciales o narrativas que generen alarma innecesaria. La democracia se fortalece cuando la crítica es informada y cuando la verdad prevalece sobre la distorsión.
Reitero mi disposición al diálogo, a la revisión y al perfeccionamiento técnico de esta iniciativa. Regular con equilibrio es avanzar. Proteger la dignidad humana es un deber. Y defender la libertad de expresión, junto con los demás derechos fundamentales, es y seguirá siendo una convicción irrenunciable.
