Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el requisito que exigía ser “quintanarroense” para ocupar la Rectoría de la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, al considerar que vulnera los derechos de igualdad, no discriminación y acceso a cargos públicos por mérito.
“El requisito de origen local no guarda relación lógica ni funcional con las atribuciones académicas y administrativas del cargo, por lo que constituye una distinción injustificada”, resolvió el Pleno al invalidar el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica de dicha universidad, así como el artículo 10, fracción I, de su reglamento.
La resolución se emitió dentro de la Acción de Inconstitucionalidad 38/2025, resuelta en sesión pública del Pleno el 13 de enero de 2026, y establece que ninguna persona puede ser excluida de competir por un cargo público con base en su lugar de origen.
La Corte precisó que imponer el requisito de ser originario de Quintana Roo excluía de forma absoluta a personas mexicanas de otras entidades, sin considerar trayectoria profesional, experiencia ni capacidades, lo que contraviene principios constitucionales.
Reformas del Congreso local bajo escrutinio judicial
La invalidez de esta disposición se suma a otros casos en los que normas aprobadas por el Congreso de Quintana Roo han sido impugnadas ante la SCJN por posibles violaciones constitucionales.
En distintos momentos, han sido cuestionadas reformas relacionadas con órganos autónomos, estructuras institucionales, requisitos de elegibilidad y diseño de organismos públicos, lo que ha derivado en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad promovidas por actores políticos, organismos autónomos y dependencias federales.
Además, el propio comunicado de la SCJN emitido el 13 de enero de 2026 confirma que ese mismo día el Pleno resolvió múltiples asuntos en materia de organización legislativa, competencias municipales y acceso a cargos públicos en distintas entidades del país, lo que refuerza el papel de la Corte como órgano de control constitucional frente a excesos legislativos locales.
Alcance jurídico de la resolución
La sentencia establece que la Rectoría de la Universidad Judicial es un cargo técnico-administrativo, por lo que su acceso debe basarse en criterios de mérito profesional, no en requisitos de origen territorial.
Con la invalidez decretada, el requisito de ser “quintanarroense” queda sin efectos legales, y cualquier futura designación deberá realizarse sin ese condicionante.
La resolución fue adoptada por el Pleno de la Corte en sesión pública del 13 de enero de 2026.
