Suele ocurrir que en los gobiernos hay figuras que trascienden colores y tiempos, y cuya permanencia solo puede explicarse por una maquinaria política de corrupción e impunidad que opera de manera eficaz desde hace más de una década. Una de ellas es Eduardo Salamy Kuyoc Rodríguez, actual director del Registro Civil del Ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún).
Y es que Eduardo Kuyoc sigue tan campante pese a denuncias, expedientes abiertos, señalamientos por abuso institucional y vínculos directos con uno de los esquemas de corrupción más nocivos que ha padecido Cancún: el cártel del despojo, responsable de arrebatar viviendas a cientos de familias mediante procedimientos simulados, documentos alterados y uso indebido de facultades administrativas.
El ascenso de Kuyoc no fue accidental. Su despegue fue en el PAN, con Carlos Joaquín González como gobernador y de ahí se fue enrolando en diversas posiciones en el Cabildo y asumiendo diversos colores. .
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Desde la dirección de Ingresos Coordinados, Kuyoc funcionó como pieza estratégica de un mecanismo que involucraba a Desarrollo Urbano, Catastro, Registro Público de la Propiedad, Tesorería municipal, Fiscalía General del Estado, diversas notarías públicas y empresas inmobiliarias. El método era sistemático: simular notificaciones de adeudos, declarar presunto abandono, proceder al remate y transferir propiedades a terceros vinculados al mismo grupo. Las víctimas eran familias de colonias populares que jamás fueron notificadas; los beneficiarios, empresas relacionadas con el propio Kuyoc.
Durante la administración de Remberto Estrada Barba, aliado del dirigente del Partido Verde, Jorge Emilio González, esta red concretó más de 700 despojos. No fue sino hasta la entrega-recepción de 2018, que comenzaron a aparecer irregularidades evidentes: expedientes alterados, documentos manipulados y movimientos atípicos dentro de la Tesorería.
La investigación encabezada por los entonces, secretario Técnico, Hugo Alday Nieto y la directora Jurídica, Flor Ruiz Cosío así como la contralora Reyna Arceo Rosado duró más de dos años y permitió conformar un expediente que finalmente llegó a la Fiscalía.
El 3 de marzo de 2021, funcionarios municipales confirmaron lo que durante años había sido un secreto a voces: nueve servidores públicos de Ingresos Coordinados estaban bajo investigación por conspirar para despojar a ciudadanos de sus viviendas; cinco de ellos estaban señalados por conductas graves. Entre las involucradas figuraba Jeannina Medrano Galindo, exdirectora de Ingresos y hermana de la exdiputada Gabriela Medrano, pareja del exgobernador Roberto Borge. Las propiedades rematadas terminaban en manos de empresas como Proyectos Adamantine, donde participa directamente Eduardo “Salamy” Kuyoc, y Patrimonio Tertius.
El saldo fue contundente: 750 expedientes irregulares detectados; apenas seis propiedades pudieron recuperarse y alrededor de 50 continúan en proceso legal.
Azul, naranja, guinda, verde…
Tras el desplome del PAN en 2018 y la reconfiguración de alianzas en el estado, Kuyoc hizo lo que mejor ha hecho en su trayectoria: sobrevivir. Se integró como primer regidor por Movimiento Ciudadano, lo que le garantizó tres años de sueldo, fuero político y nuevas redes de relación. Posteriormente, en 2021, regresó cobijado por el Partido Verde, desde donde reconstruyó el vínculo que lo llevaba a su siguiente destino.
La recompensa llegó en 2024. Al inicio del actual Ayuntamiento, se esperaba que la etapa de irregularidades, opacidad y abusos que caracterizó la gestión de Marcos Basilio Saldívar en el Registro Civil fuera finalmente superada. Sin embargo, ocurrió lo contrario: la cúpula del Partido Verde impuso a Eduardo Kuyoc como director del Registro Civil.
Personal del Ayuntamiento afirma que Kuyoc llegó respaldado por Rodrigo Alcázar, entonces titular del Instituto de Movilidad —hoy destituido—, quien identificó la dependencia como una “minita de oro” y operó acuerdos internos para reinstalar prácticas que históricamente habían generado ingresos paralelos, discrecionales y opacos.
Una vez instalado, Kuyoc llegó acompañado de un equipo compacto que desplazó a personal que se negó a participar en sus esquemas. Rápidamente comenzaron a documentarse irregularidades: cobros extra por actas de nacimiento y defunción sin ingresarse a las arcas municipales; cuotas exigidas a funerarias para agilizar trámites; centralización de todas las defunciones en la oficina del Parque de las Palapas, quitando facultades a otras oficialías; y obstrucción deliberada del flujo de atención al público.
A esto se sumó un elemento conocido en los viejos tiempos del coyotaje institucional: la figura del “gestor”. En este caso, un operador identificado como Yordi Novelo Ruiz, quien aparece únicamente cuando al usuario se le bloquea la tramitación. A cambio de un pago, resuelve lo que la dependencia —intencionalmente o no— se niega a procesar. Además, Novelo realiza pagos de predial con comisión, aprovechando la desesperación de quienes prefieren evitar largas filas. “Le das el estado de cuenta y él paga en ventanilla”, denunció una usuaria. También las bodas —ya sea en oficina o domicilio— se transformaron en un negocio: cobros excedidos, jueces coludidos y trámites fuera de horarios oficiales, sin control administrativo.
Red estructural
El caso de Eduardo Kuyoc no se explica únicamente por su habilidad para transitar entre partidos. Se explica por una red estructural que ha operado direcciones municipales, notarías, fiscalías y áreas administrativas estratégicas desde hace más de diez años. Denuncias ciudadanas, testimonios, investigaciones internas y expedientes abiertos —algunos desde 2021— no han sido suficientes para que enfrente consecuencias.
No ha sido vinculado por su participación en el cártel del despojo. Sus empresas han seguido beneficiándose. Y hoy vuelve a operar desde un espacio que administra procesos fundamentales de la vida pública: identidad, nacimientos, matrimonios y defunciones.
La pregunta que persiste desde hace años sigue sin encontrar respuesta dentro de los márgenes institucionales:
¿Quién protege a Salamy?
Los nombres se repiten: los mismos grupos, las mismas estructuras y los mismos intereses que han encontrado en Cancún un territorio donde las redes de poder se reproducen sin freno. Mientras tanto, cientos de familias continúan esperando justicia por las viviendas que les fueron arrebatadas. Y en el Registro Civil, el viejo esquema sigue funcionando como si nada hubiera cambiado.
