El exgobernador César Horacio Duarte Jáquez enfrenta una nueva orden de aprehensión en Chihuahua, reactivando uno de los expedientes de corrupción más complejos de México. La Fiscalía General de la República (FGR), bajo Ernestina Godoy Ramos, confirmó la detención César Duarte 2025 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, apenas meses después de que había quedado en libertad bajo arraigo domiciliario.
El retorno de Duarte: detención por operaciones con recursos ilícitos
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, en la capital de la entidad, el lunes 8 de diciembre de 2025, alrededor de las 14:00 horas, tras salir de su domicilio.
La FGR, a través de un comunicado difundido en redes sociales, detalló que la captura se realizó en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida previamente:
- Fecha de la orden: 16 de mayo de 2024.
- Autoridad judicial: Juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
- Delito imputado: Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
La nueva investigación indica que presuntamente Duarte Jáquez, en su calidad de servidor público, incurrió en un esquema de lavado de dinero con el objetivo de ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, para lo cual utilizó el sistema financiero mexicano. Datos extraoficiales señalan que el político priista está en un proceso administrativo para ser trasladado al penal de Almoloya de Juárez.
La ruta legal de la FGR y la autorización de Estados Unidos
Esta nueva acusación por lavado de dinero es distinta a la que originó su primera captura y extradición. César Duarte ya había sido detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y posteriormente fue extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, cuya investigación es tramitada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. Por esta acusación, su proceso penal sigue abierto en el fuero común y aún no ha sido sentenciado.
La reactivación de este nuevo caso federal requirió una gestión específica ante el Gobierno de Estados Unidos:
- Solicitud: El 4 de octubre de 2024, la FGR tramitó la autorización para procesar a Duarte por un delito distinto (operaciones con recursos de procedencia ilícita) a los que motivaron la extradición (peculado y asociación delictuosa).
- Concesión: La autorización fue concedida por el Gobierno de Estados Unidos el 4 de diciembre de 2025.
Cabe recordar que, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, Duarte pasó dos años en prisión preventiva. Sin embargo, en mayo de 2024, una jueza de control determinó que ya había cumplido el plazo máximo para estar detenido en esta condición, por lo que quedó en libertad, pero enfrentando arraigo domiciliario y obligado a usar un brazalete de monitoreo electrónico.
El polémico revés en Texas y la defensa de Duarte
La detención de diciembre de 2025 contrasta con el resultado de un juicio civil previo en Estados Unidos. A finales de junio pasado, una Corte de El Paso, Texas, exoneró a Duarte Jáquez de las acusaciones presentadas por su sucesor, Javier Corral Jurado, y el Gobierno de Chihuahua.
Las acusaciones en el litigio civil eran:
- Haber adquirido 50 propiedades en Estados Unidos.
- Las propiedades tenían un valor aproximado de 25 millones de dólares producto del desvío de recursos públicos.
El juez Rubén Morales falló a favor de Duarte y su hijo, César Adrián Duarte, al conceder la Moción Tradicional y de No-Pruebas para el Juicio Sumario, al determinar que las evidencias aportadas por la parte demandante no acreditaban los señalamientos.
Tras esta resolución, Duarte celebró la decisión y afirmó que la demanda era parte de una campaña de persecución política por parte de Corral, sentenciando: “Se confirma lo que siempre dijimos: esta fue una persecución política disfrazada de justicia. Y tendrá consecuencias legales en México y en Estados Unidos”. Por su parte, Javier Corral rechazó que la denuncia hubiese sido un acto personal, asegurando que fue el Gobierno del Estado de Chihuahua, durante su administración, el que interpuso la demanda.
El amplio expediente de corrupción: de la nómina secreta a la operación Safiro
César Horacio Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016, tiene un extenso historial de señalamientos de corrupción que abarca varios delitos, además del lavado de dinero federal.
Enriquecimiento inexplicable y desvío millonario
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontró en 2020 que el exgobernador recibió transferencias bancarias desde empresas fachada y prestanombres, lo que derivó en la presentación de dos denuncias ante la FGR por lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito.
En 2021, la FGR inició una nueva carpeta de investigación al detectar un enriquecimiento inexplicable que asciende a 190 millones de pesos. Estos recursos habrían sido desviados mediante contratos simulados para diversas adquisiciones, incluyendo:
- Compra de equipos de inseminación artificial de ganado.
- Compra de vaquillas, transporte de ganado y alimento para ganado.
- Adquisición de un inmueble.
Otro de los casos más conocidos fue la llamada “Operación Safiro”, un presunto mecanismo de triangulación de recursos federales diseñado para financiar campañas electorales del PRI en varios estados. Esta investigación, sin embargo, no derivó en una orden de aprehensión contra Duarte, ya que, según reportes, el gobierno federal en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) arrebató el expediente a la fiscalía de Chihuahua y se desistió de la investigación.
Nómina secreta y peculado electoral
Una de las acusaciones más graves es la relacionada con la “nómina secreta”, un supuesto desvío de alrededor de mil millones de pesos de la Tesorería del estado entre 2010 y 2016. Estos fondos habrían sido usados para pagar sobornos a legisladores, políticos de diversos partidos, funcionarios públicos, líderes sindicales y medios de comunicación.
La investigación detalla que, mes con mes, se extraían cheques de entre 15 y 20 millones de pesos de las partidas destinadas al gasto operativo y a la nómina de empleados. Estos recursos eran entregados en efectivo a las oficinas de la Tesorería estatal para la administración de los sobornos.
En 2017, la FEDE (antes Fepade) obtuvo una orden de aprehensión por “peculado electoral” que se efectuó mediante la retención ilegal de salarios a 700 empleados del gobierno estatal a lo largo de seis años. El entonces titular de la FEDE, Santiago Nieto, explicó que se les quitaba entre el 5 y 10% de los salarios a los trabajadores, sumando al menos 79 millones de pesos. La imputación contra Duarte se centró en la retención de 14.9 millones de pesos correspondientes a 2015, desviados al PRI estatal para financiar campañas.
El acaparamiento de agua en Chihuahua
En marzo de este año, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó sobre el hallazgo de una propiedad del exgobernador donde se construyeron presas y represas para acaparar agua en beneficio personal. Se calcula que en esa propiedad se almacenaban alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua, en un contexto de grave escasez para productores y comunidades de la entidad.
El priista en la lista de exgobernadores detenidos
Duarte, quien se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) desde 1980, fue expulsado de sus filas en 2019. Su detención lo suma a la lista de exgobernadores mexicanos detenidos por actos de corrupción, que incluye a Javier Duarte, Eugenio Hernández, Roberto Borge y Tomás Yarrington. Formado como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, su carrera política transitó por una diputación local, una federal y puestos estratégicos como delegado del partido en varios estados, culminando en la gubernatura de Chihuahua.
La detención de diciembre de 2025, esta vez por lavado de dinero federal y con la anuencia de Estados Unidos, subraya la complejidad y la persistencia del aparato de justicia mexicano para cerrar expedientes de alto perfil, independientemente de los reveses judiciales que la defensa pueda obtener en otros foros internacionales. La pregunta ineludible es si este nuevo proceso logrará finalmente sentenciar al exgobernador o si, como ocurrió en el pasado, las pugnas políticas y los cambios de administración jugarán a favor de la impunidad.
