En un movimiento legislativo relámpago, la Cámara de Diputados aprobó una reforma crucial para detener los abusos de las instituciones financieras. La iniciativa, impulsada por Ricardo Monreal Ávila, establece la cancelación de tarjetas no solicitadas por medios digitales y telefónicos, obligando a los bancos a actuar en un máximo de cinco días. Este dictamen busca proteger a los más de 40 millones de usuarios afectados.
La reforma se aprueba en fast track con 467 votos
La Cámara de Diputados aprobó hoy, 12 de noviembre de 2025, una iniciativa de reforma que adiciona y modifica diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. La propuesta fue avalada por unanimidad con 467 votos a favor (cero en contra y cero abstenciones) tras dispensársele todos los trámites y dársele trato de urgente resolución.
La iniciativa fue presentada por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, quien también funge como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). El proyecto fue turnado inmediatamente al Senado de la República para su discusión y votación.
Este proceso, calificado como “fast track” en escasos 30 minutos y sin dictamen ni paso por comisiones, busca frenar los “abusos” sistemáticos de las instituciones bancarias en la emisión y cancelación de tarjetas de crédito o débito, afectando a alrededor de 40 millones de usuarios en México.
El origen del problema: anualidades y el buró de crédito
Monreal enfatizó que las reformas “son indispensables para proteger a las personas usuarias” y que su propuesta surge ante el creciente número de personas afectadas por la emisión de tarjetas de crédito o débito no solicitadas.
El legislador morenista denunció que es una práctica muy común que las instituciones financieras de crédito envíen tarjetas a los domicilios de las personas, sin que estas las hayan solicitado. El riesgo para el usuario se vuelve grave al cabo de un año.
“Cuando se cumple un año, les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad. Y al final, muchos de estos usuarios terminan en el Buró de Crédito negativo para poder adquirir un crédito o ejercer algún derecho de inclusión financiera”, detalló Monreal desde la tribuna.
El presidente de la Jucopo señaló que el número de personas con tarjetas bancarias aumentó significativamente debido a la política social de la Cuarta Transformación, mediante la cual millones de beneficiarios reciben apoyos del Gobierno federal a través de medios electrónicos.
Nulidad y mecanismos de cancelación garantizados
Las modificaciones a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establecen siete disposiciones principales para proteger a los consumidores.
Prohibición de cobros no autorizados y cláusula de nulidad
Entre los cambios clave (adición al artículo 4 bis), se establece que las entidades financieras y las entidades comerciales:
- No pueden cobrar comisiones por el otorgamiento de servicios financieros, seguros, membresías o beneficios adicionales no autorizados previamente en el contrato de adhesión o sin el consentimiento expreso del usuario.
- Asimismo, se señala que, en los formularios utilizados para la contratación, mientras no se acredite el consentimiento expreso del cliente, no podrán generarse ningún cargo o comisión.
El proyecto adiciona un artículo 18 bis 12, donde se establece como nula de pleno derecho la emisión de un medio de disposición consistente en tarjeta de crédito o débito, sin el consentimiento expreso y verificable de la persona usuaria. Por lo anterior, se precisa que la cancelación de la tarjeta no solicitada no será necesaria por parte del usuario.
El derecho a la cancelación digital
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito deben garantizar al usuario el derecho de cancelarlas. Para ello, se deben ofrecer mecanismos accesibles:
- Mecanismos presenciales, telefónicos y digitales.
- En el caso de los mecanismos digitales, la ley mandata que estos deberán ser incluidos en las aplicaciones móviles, banca en línea y portales web oficiales, mediante un botón visible y de acceso directo disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
Además, se obliga a las instituciones emisoras a proporcionar información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto, asegurando que esta sea clara, veraz y suficiente, conforme a los principios de transparencia y buena fe.
Plazos y penalizaciones prohibidas
Uno de los puntos medulares de la reforma es el establecimiento de plazos obligatorios y la prohibición de costos asociados a la terminación del servicio.
- La cancelación de tarjetas de crédito o débito deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días, a partir de la solicitud del usuario.
- Esta cancelación debe realizarse sin costo alguno para el cliente, “prohibiéndose cualquier cargo, comisión o penalización asociada a la cancelación”.
- El trámite de cancelación quedará formalizado mediante prueba digital o física que certifique la terminación del contrato en un plazo no mayor de cinco días hábiles.
Se considera asimismo que, al momento en que el usuario solicite la cancelación, la entidad emisora deberá aplicar un bloqueo preventivo para suspender cualquier transacción o cargo, con el fin de evitar operaciones mientras finaliza el trámite.
Además, las entidades financieras están obligadas a reembolsar los cargos indebidos derivados de dichas tarjetas de crédito o débito en un plazo de cinco días.
Protección del historial crediticio
El artículo 18 bis 12 también dispone que no podrán generarse cargos por anualidad, comisiones u otro concepto asociado a estas tarjetas de crédito o débito no solicitadas. La falta de uso o el historial crediticio derivado de ellas no podrán tener efectos ni ser reportados a sociedades de información crediticia, concretamente al Buró de Crédito.
Monreal alerta sobre el cabildeo bancario y la homologación internacional
El legislador convino en que habrá dificultades para implementar la reforma y alertó sobre la posible resistencia del sector financiero.
El líder parlamentario de Morena advirtió que seguramente habrá cabilderos de los bancos en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República para tratar de echarla abajo, pero insistió en que la intención es proteger a los usuarios, ampliando sus derechos.
Monreal subrayó que la reforma busca equiparar la legislación mexicana con la de otros países, lamentando que mientras en Estados Unidos basta una llamada telefónica para considerar cancelada una tarjeta, en México: “primero tienes que hacerlo presencialmente en la mayoría de los casos y te aplican tardanzas a propósito, para que te canses y ya no insistas en la cancelación”.
La ley precisa que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) deberán actuar en el ámbito de sus competencias y velar por la observancia de estas disposiciones, formulando las recomendaciones pertinentes al Ejecutivo para su debido cumplimiento.
Esta reforma representa un avance significativo en la defensa de los derechos de los usuarios, equiparando la legislación mexicana con estándares internacionales en cuanto a la facilidad de cancelación. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego será la implementación: ¿podrá el sector financiero, ante la presión de los cabilderos, garantizar que estos nuevos derechos no queden solo en el papel legislativo?
