Tras seis horas de tensa negociación en oficinas capitalinas, el Gobierno de la Ciudad de México cedió ante la presión del sector: se autorizó el aumento de tarifas al transporte público concesionado, fijado en 1.50 pesos adicionales. Este incremento, que representa un 25% más, viene acompañado de compromisos de mejora operativa sin precedentes exigidos a los concesionarios y permisionarios.
El acuerdo que reconfigura el transporte público concesionado
El ajuste a la tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México se estableció tras una reunión clave que se prolongó por alrededor de seis horas. Este acuerdo fue formalizado y autorizado por el Gobierno capitalino el 31 de octubre de 2025.
El incremento, que corresponde a un peso con cincuenta centavos, aplicará a las tarifas actuales de las unidades de ruta y corredores viales, afectando a microbuses, vagonetas y autobuses. Es crucial señalar que esta actualización no aplica para el Sistema Metrobús. La entrada en vigor de las nuevas tarifas se dará al día posterior de su publicación oficial en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Los funcionarios clave en la negociación que estableció este ajuste fueron los titulares de las Secretarías de Gobierno (Secgob), César Cravioto; de Administración y Finanzas (SAF), Juan Pablo de Botón; y de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto.
Condiciones y penalizaciones impuestas a los transportistas
El objetivo primordial de las autoridades capitalinas al autorizar el aumento de 1.50 pesos fue garantizar una mejora sustancial en el servicio ofrecido a los usuarios. Como parte de las condiciones para el incremento, el grupo de transportistas se comprometió a dar cumplimiento a una serie de disposiciones de carácter obligatorio.Exhibición obligatoria de la tarifa:
Se acordó que tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente la tarifa autorizada en lugares visibles dentro de los vehículos, así como en terminales y bases. Las autoridades han sido enfáticas al advertir que, en caso de incumplimiento de esta disposición, la actualización tarifaria «no tendrá efecto alguno».
Requerimientos de seguridad, operación y servicio
Los compromisos asumidos por los transportistas se dividen en áreas clave que impactan directamente la experiencia y seguridad del pasajero.En materia de seguridad y documentación, los transportistas se comprometieron a:
- Portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible.
- Retirar vidrios polarizados de las unidades.
- Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación.
- Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad.
En cuanto a las condiciones físicas y operativas de las unidades, se exigió:
- Realizar revisiones periódicas de la unidad que incluyan luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos.
- Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuente la unidad, incluyendo cámaras, botones de auxilio y GPS.
Respecto al personal y servicio, se estableció que:
- Los conductores deberán portar un uniforme (pantalón oscuro y camisa blanca).
- Mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza.
- Participar en programas de capacitación continua.
Impacto inmediato y agenda pública
La Secretaría de Movilidad (Semovi) detalló que el acuerdo se logró en la noche del viernes 31 de octubre de 2025.
Tras concretar la negociación, la Fuerza Amplia de Transportistas comunicó que, como resultado del acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Ciudad de México, no se movilizarán ni llevarán a cabo bloqueos masivos en las vialidades de la capital.
Este ajuste en el costo del pasaje se da en un contexto de alta movilidad en la Ciudad de México, donde, paralelamente a la firma del acuerdo tarifario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) implementó un operativo especial de tránsito desplegando a 350 elementos desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre para garantizar la seguridad vial durante las «Rodadas del Terror» que involucraron a decenas de motociclistas circulando a exceso de velocidad y sin medidas de seguridad.
Este aumento en las tarifas del transporte público concesionado se presenta como un arma de doble filo: por un lado, responde a una demanda histórica del sector que argumenta costos operativos crecientes; por otro, somete a los transportistas a un escrutinio constante y revisiones periódicas de las unidades a fin de garantizar la mejora del servicio. El verdadero desafío para las autoridades capitalinas no reside en el haber autorizado el incremento, sino en asegurar la vigilancia y el cumplimiento estricto de cada una de las condiciones impuestas. La pregunta obligada es: ¿Logrará el gobierno capitalino mantener el rigor de estas revisiones y evitar que este costo adicional recaiga únicamente en el bolsillo del ciudadano sin una contraprestación real en el servicio?
