La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno (SABG) ha ratificado las sanciones impuestas a las farmacéuticas Impromed y Total Farma, así como a Construcción Ecología y Medio Ambiente. Estas decisiones, detalladas en el Diario Oficial de la Federación, marcan un precedente clave en el ámbito de las sanciones a empresas México y sus contratos con el sector público.
La confirmación de inhabilitaciones a farmacéuticas
La SABG, en un movimiento que refuerza la vigilancia sobre los proveedores del Estado, ha confirmado la inhabilitación de dos importantes firmas del sector farmacéutico, impidiéndoles participar en contratos gubernamentales por un periodo significativo.
El caso de Total Farma
Para la empresa Total Farma, un magistrado de la Tercera Ponencia de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) emitió una sentencia definitiva en el juicio de nulidad 4709/24-17-03-6. El togado declaró la “nulidad lisa y llana” de una resolución del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). A pesar de esta nulidad inicial, la sanción original que inhabilitaba a Total Farma por un año y medio para establecer contratos con instancias gubernamentales, junto a una multa de 760 mil 410 pesos, fue finalmente confirmada tras el proceso judicial.
La situación de impromed
En el caso de Impromed, la sentencia definitiva provino de un magistrado de la Primera Ponencia de la Séptima Sala Regional Metropolitana del TFJA, en respuesta a un juicio de nulidad promovido por sus representantes legales. Con esta decisión judicial, se ratificaron las sanciones previamente impuestas por el IMSS. Dichas medidas incluyen una inhabilitación de un año y seis meses para celebrar convenios con entidades públicas de los tres órdenes de gobierno y una multa económica de 894 mil 846 pesos.
Sanción a construcción ecología y medio ambiente
En una circular adicional, la SABG informó sobre la sanción impuesta a la compañía Construcción Ecología y Medio Ambiente. Esta empresa fue inhabilitada por un periodo de tres meses. La dependencia aclaró que, en caso de que la firma no realice el pago de la multa impuesta —cuyo monto no fue especificado en el documento—, “la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente”, extendiendo indefinidamente la restricción de contratos públicos.
Estas confirmaciones subrayan la determinación de las autoridades en la aplicación de la ley y la supervisión de la transparencia en la contratación pública. ¿Qué implicaciones tendrá este endurecimiento en la relación entre el gobierno y sus proveedores?
