Desde su arranque, la elección judicial en México ha sido un campo minado legal. En plena recta final, el proceso acumula ya 800 querellas ante el TEPJF, revelando una tormenta política y jurídica sin precedentes.
TEPJF bajo presión: litigios por la elección judicial rompen récords
Un proceso inédito cargado de incertidumbre
Desde septiembre, el proceso electoral para renovar el Poder Judicial ha estado envuelto en tensiones. Con más de 3,500 trámites ingresados y casi 800 impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrenta una de las cargas procesales más intensas de los últimos años.
Este proceso, que pretende dotar de legitimidad democrática a magistrados, jueces y ministros, ha sido desafiado desde múltiples frentes, evidenciando tanto la fragilidad institucional como la polarización política que lo rodea.
INE vs gobiernos: el conflicto por la promoción electoral
La prohibición del INE desata nueva ola de juicios
El pasado sábado, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un acuerdo que prohíbe a los tres niveles de gobierno promover la elección judicial, asignándose de forma exclusiva la tarea de difundirla. Esta decisión detonó más de 30 nuevos juicios.
La medida fue inmediatamente impugnada por figuras clave del oficialismo, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y los gobiernos de Quintana Roo, Campeche y Oaxaca.
Argumentos de los inconformes: libertad de expresión en juego
Entre los argumentos centrales, se acusa al INE de extralimitarse en sus facultades, al intentar silenciar la participación institucional en la difusión del proceso. El recurso del gobierno mexiquense, presentado por Jesús George Zamora, alega que se viola la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información.
“El Consejo General del INE carece de atribuciones para prohibir la difusión institucional de un proceso comicial extraordinario”, sostiene el recurso.
El documento argumenta que tal prohibición carece de base legal y que ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución. Además, niega la existencia de una “cláusula habilitante” para censurar propaganda gubernamental relacionada con elecciones judiciales.
La dimensión jurídica del conflicto: cifras que preocupan
Más de 500 casos ya resueltos por el TEPJF
Hasta el cierre del periodo legal de impugnación, el TEPJF había resuelto ya 567 medios de impugnación. La mayoría son juicios ciudadanos (477), seguidos por recursos de apelación, juicios electorales y procedimientos sancionadores.
Actualmente, 202 casos siguen en trámite. Aunque se trata de recursos individuales, su volumen refleja una inconformidad estructural con las reglas del juego.
Baja participación, otro riesgo latente
A esta tensión jurídica se suma el fantasma de la baja participación ciudadana. La elección judicial está programada para el 1 de junio y, según analistas, enfrenta un serio problema de visibilidad y legitimidad.
Mientras el INE refuerza su campaña institucional para fomentar el voto, la incertidumbre legal podría tener efectos contraproducentes: confusión, desinformación y apatía.
Un laboratorio de democracia… o una bomba de tiempo
Lo que está en juego para México
La elección judicial no es solo un experimento democrático: es una prueba de fuego para el sistema político mexicano. De su éxito —o fracaso— dependerá en buena medida la legitimidad del nuevo modelo de justicia electoral.
En una región como el sureste mexicano, donde la confianza en las instituciones es frágil y el acceso a la justicia desigual, el resultado de este proceso podría marcar una diferencia real en la vida de las comunidades.
Entre la legalidad y la legitimidad
A menos de dos meses del día clave, el proceso de elección judicial se tambalea entre normas mal definidas, interpretaciones jurídicas en disputa y una desconfianza institucional que se filtra por cada rendija.
