Hace un mes fueron aprobadas reformas a la Ley de Movilidad y al Código Penal, que, oficialmente, se mencionó, estaban dirigidas a frenar las agresiones entre taxistas, operadores de plataformas y transportistas federales.
Pero el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado, Carlos Felipe Fuentes del Río, se volvió a exceder al redactar las reformas, en particular las del Código Penal.
Precisamente, activistas y colectivos de derechos humanos advirtieron que las reformas al artículo 182 del Código Penal criminalizan la protesta.
Este artículo establece prisión de seis meses a cuatro años y de cincuenta a doscientos días multa a quien “dolosamente obstaculice una vía de comunicación o la prestación de un servicio público de comunicación”.
Activistas alzaron la voz pues si bloquean una calle, acabarían encarcelados.
Ante las protestas, hubo la promesa de corregir este artículo.
Sin embargo, este mandato no fue abrogado en los fulminantes periodos extraordinarios de febrero y tampoco está en la agenda del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la XVII Legislatura, que inició hace una semana.
Quizá la carga de trabajo para Carlos Felipe Fuentes del Río es demasiado fuerte.
