Alejandro Peza/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- José Alejandro Marrufo Roldán, extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante el gobierno de Roberto Borge fue vinculado a proceso por el delito de peculado.
Un juez determinó que al utilizar activos de la Secretaría de Finanzas de QRoo. violó las disposiciones contables; el extesorero justificó el desvío con el rubro «gastos a comprobar».
La decisión del juez se dio luego de un intenso debate con la defensa y en continuación de la audiencia inicial de fecha 07 de octubre de 2021.
En la audiencia, el juez de control determinó la existencia de datos de prueba suficientes para vincular a proceso de J.A.M.R, en virtud de que cuando fungió como tesoro estatal, ordenó disposiciones en efectivo, desviándolo de su objeto sin justificar para que utilizo el dinero retirado de la cuenta corriente de Sefiplan.
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La vinculación se da luego de que el exfuncionario libró dos veces a la justicia: la primera, el 11 de junio de 2020, cuando el Juzgado Sexto de Distrito, con sede en Chetumal, ordenó dejar sin efectos una orden de aprehensión en su contra, librada en 2018, y la segunda, el 13 de agosto del mismo año, cuando fue liberado un día después de su aprehensión debido a irregularidades en la detención, ocurrida tras un cateo en su domicilio particular, en Mérida, Yucatán.
De este modo, el exfuncionario sería investigado por el daño al erario cometido durante su gestión, el cual asciende a tres mil 430 millones de pesos en agravio de la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca (Sedarpe). Además de irregularidades por mil 850 millones de pesos en participaciones federales.
Un dato importante es que apenas el 23 de agosto pasado, el abogado Miguel Torres Fritz había informado que un juez de control determinó que no había elementos para vincular a proceso a Alejandro Marrufo Roldán, ex tesorero en la administración de Roberto Borge Angulo y se ordenó el archivo de la carpeta.
En esa fecha, el abogado consideró que las acusaciones contra Alejandro Marrufo tuvieron un trasfondo político al señalar que “pudimos demostrar en todos los procesos que las actividades realizadas eran en función de su responsabilidad como tesorero del Estado y que no existieron ni desvío ni transferencia de recursos irregulares”.
El abogado señaló que todo este juicio fue motivado por ocurrencias del secretario de la Contraloría, Rafael del Pozo, quien lejos de realizar las auditorías correspondientes interpuso denuncias por lo que supuso eran irregularidades.
