Alrededor de 900 policías, tanto municipales como estatales en Chiapas, reprobaron sus exámenes de control y confianza durante el año 2025. José Llaven Villarreal, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado (C3-Chiapas), confirmó que esta cifra representa el 15 por ciento del total de 6 mil elementos que fueron sometidos a evaluación en ese periodo. La depuración es el paso inmediato: todos los efectivos que no superaron las pruebas son sujetos a procedimientos administrativos para ser separados de sus funciones, siguiendo los esfuerzos gubernamentales por evitar la infiltración de la delincuencia.
El objetivo central de estas revisiones es garantizar que cada uniformado sea apto y confiable para brindar seguridad a la población chiapaneca. Pese a la magnitud de los elementos reprobados, el universo total de la fuerza pública en la entidad rebasa los 20 mil uniformados, entre corporaciones municipales y estatales.
El alcance real de la depuración policial en Chiapas
La cifra de 900 policías que no pasaron los filtros de confianza se genera a partir de un universo limitado de elementos evaluados en 2025. José Llaven Villarreal explicó que, aunque el estado tiene más de 20 mil efectivos, solo se pudieron someter a las evaluaciones a unos 6 mil. Esto evidencia que el proceso de depuración aún está lejos de completarse.
El C3-Chiapas tiene como meta de revisión futura abarcar a la totalidad de los uniformados: los casi 11 mil policías adscritos a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y a la Fiscalía General del Estado, así como a los más de 10 mil agentes municipales distribuidos en los 124 ayuntamientos. El proceso es continuo y busca la aplicación rigurosa del modelo nacional de evaluaciones.
Lista de verificación de los cuatro pilares de evaluación
Los agentes son examinados en una serie de pruebas rigurosas diseñadas para medir su idoneidad. El C3-Chiapas aplica el modelo nacional que desglosa la evaluación en cuatro áreas críticas.
- Médico-toxicológico: Determina la condición física y la ausencia de consumo de sustancias ilícitas.
- Sicológico: Evalúa la estabilidad mental y la aptitud para manejar situaciones de alta presión.
- Socioeconómico: Analiza el entorno financiero y patrimonial del efectivo para detectar posibles vínculos o ingresos inexplicables.
- Polígrafo (Detector de mentiras): Prueba de honestidad e integridad respecto a conductas indebidas o relaciones con el crimen organizado.
El desafío de la renuencia municipal y la logística administrativa
El proceso de control de confianza enfrenta obstáculos administrativos y políticos a nivel local. Diez de los 124 ayuntamientos de la entidad no han suscrito los acuerdos necesarios para la revisión de sus efectivos, lo que genera un vacío de seguridad en esos municipios. Esta renuencia complica el esfuerzo estatal de estandarizar la confiabilidad de las corporaciones.
Una vez que un policía reprueba el examen, la responsabilidad de su separación recae en la administración local. El C3-Chiapas notifica al ayuntamiento respectivo, el cual debe activar los procedimientos administrativos para separarlo de sus funciones.
Los gobiernos locales son los encargados de administrar los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun). Este fondo es el que sufraga los gastos operativos en seguridad pública, incluyendo la nómina, las capacitaciones necesarias y los mismos exámenes de control de confianza, así como el equipamiento de las corporaciones.
La autoridad certificada del C3-Chiapas
Para validar la objetividad y el rigor de sus evaluaciones, el Centro Estatal de Control de Confianza Certificado también es sujeto a inspecciones externas. El titular de la dependencia, José Llaven Villarreal, destacó que la institución aprobó una auditoría en 2025.
El Centro Nacional de Evaluación, organismo que regula a todos los C3 a nivel nacional, verificó al C3-Chiapas. Además, la institución obtuvo la certificación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto refuerza la legitimidad de los resultados que llevaron a la separación de los 900 efectivos reprobados.
¿Cómo puede el estado garantizar la seguridad si una parte de su fuerza policial, financiada con fondos públicos, demuestra una resistencia sistemática a someterse a la evaluación básica de su propia integridad?
