Desde sus orígenes, la concesión de DHC-Aguakán está ligada a la corrupción. Cuando los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Mario Villanueva estaban en el poder, se entregó la operación de los sistemas de agua potable de los municipios de Benito Juárez (Cancún) e Isla Mujeres a esta empresa.
Obvio que los siguientes gobiernos priistas siguieron “consintiendo” a esta empresa. Incluso, hay informes de que el gobierno del estado, ya sea a través de CAPA o la entonces Sintra, realizó obras que le correspondía hacer a Aguakán, e incluso recurrieron a créditos para financiar lo que DHC debía cubrir.
El colmo fue cuando el entonces gobernador Roberto Borge, hoy preso por corrupción, extendió la concesión por otros 30 años.
Por este y tantos otros actos de corrupción y abusos de “Beto” Borge, los ciudadanos le dieron la espalda al PRI. Con la promesa de cambio, Carlos Joaquín, postulado por el PRD-PAN, se convirtió en el primer gobernador de oposición en Quintana Roo.
Entre sus ofertas y promesas estaba ponerle “un hasta aquí” a Aguakán, beneficiada por su archienemigo Roberto Borge. Pero, como muchas otras promesas del hoy embajador en Canadá, el cambio quedó en más de lo mismo.
De hecho, tras concluir su fallido gobierno, se descubrió que jamás Aguakán rindió cuentas a CAPA y que la empresa siguió gozando de un trato privilegiado.
La responsabilidad del sexenio del cambio es doble: legal, por seguir en la simulación, y política, por defraudar el voto ciudadano.
Hasta ahora, el gobierno estatal de la 4T se ha centrado en armar acciones legales contra DHC, pero ha faltado deslindar responsabilidades de los servidores públicos que le siguieron el juego a la abusiva concesionaria.
El Caso Aguakán tiene varias aristas.
