Agencias
CANCÚN. – Mientras la justicia debería ser un derecho al alcance de todos, en Quintana Roo se ha convertido en un privilegio para quienes tienen conexiones. El caso de Adriana García Colín es un retrato doloroso y escandaloso del contubernio entre el Poder Judicial del Estado y ciertos abogados que, lejos de litigar con ética, manipulan procesos a su conveniencia gracias a relaciones personales con jueces y magistrados.
Adriana ha pasado 13 años en los tribunales, tratando de obtener algo tan elemental como un divorcio.
Señala que su aún esposo, Joaquín Baquedano —abogado de profesión—, ha utilizado su red de contactos dentro del sistema judicial para alargar el proceso, frenar resoluciones y voltear la justicia en su contra.
Lejos de protegerla, los jueces han respaldado una y otra vez los intereses del demandado, al grado de obligarla a pagarle 360 mil pesos por supuestos daños, cuando lo único que ha hecho es exigir su libertad.
Un juicio sin fin, con jueces que castigan a la víctima
Numerosos jueces han pasado por este caso: Gerardo Vázquez Morales, Héctor Javier Solís Jiménez y Genoveva del Rosario Hernández Cantarell, entre otros.
Ninguno ha sido capaz —o ha querido— garantizarle justicia. Lejos de eso, Adriana denuncia maltratos, burlas y tratos desproporcionados.
El juez Vázquez Morales llegó al extremo de imponerle 780 preguntas para desahogo de pruebas, haciéndola permanecer desde las 10:30 de la mañana hasta la 1:30 de la madrugada, en una audiencia en la que solo podía responder “sí” o “no”, sin importar lo repetitivas o absurdas que fueran las interrogantes.
En el caso del juez Solís Jiménez, ignoró dictámenes psicológicos que confirmaban que Adriana padecía depresión severa, avalados por dos especialistas.
En lugar de valorar esta evidencia, ordenó nuevos dictámenes bajo criterios cuestionables y un costo elevado —25 mil pesos cada uno—, colocando los peritajes en manos de un tercer psicólogo que él mismo eligió. Para Adriana, eso fue una maniobra pactada con Baquedano.
Un muro llamado Mariana Dávila Goerner
Pero si hay una figura que ha sido clave en impedir que Adriana acceda a sus derechos, es la magistrada Mariana Dávila Goerner, quien ha recibido todos los expedientes relacionados con el caso.
Todos, sin excepción, han sido resueltos a favor del demandado. La víctima señala que sus resoluciones no solo carecen de imparcialidad, sino que muestran una clara línea de protección hacia Baquedano.
El resultado ha sido un desgaste físico, emocional y económico devastador para Adriana, quien a sus 62 años no puede trabajar ni aceptar ofertas fuera del estado, debido a las restricciones del juicio que no termina.
Una protesta, una promesa… ¿y la justicia para cuándo?
Este jueves, Adriana se manifestó afuera del edificio del Poder Judicial de Quintana Roo. Ahí se entrevistó con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden José Cebada Rivas, quien se comprometió a revisar personalmente el caso.
“El presidente me ofreció apoyo, que va a revisar el expediente para ver si por fin se soluciona y puedo obtener mi libertad. Es lo único que quiero”, expresó Adriana con voz quebrada.
“Solo pido que el nuevo amparo por divorcio unilateral no caiga de nuevo en manos de Mariana Goerner. Ya sé lo que va a pasar si eso ocurre. Trece años peleando y todavía pueden decirme que no tengo derecho al divorcio. ¿Dónde está la justicia?”
El divorcio es un derecho, no un privilegio
Adriana no pelea bienes ni guarda resentimientos del pasado. Sus hijos ya son adultos. Solo exige lo que la ley le reconoce: el derecho a divorciarse.
Pero el Poder Judicial de Quintana Roo, lejos de actuar como garante de la justicia, se ha comportado como un sistema opresor que castiga a quien no tiene poder.
Su historia revela que en esta entidad, la justicia no es ciega… pero sí selectiva. Y cuando los jueces se convierten en cómplices de influencias, el estado de derecho deja de existir.
Red Informativa del Sureste
